El Gobierno Nacional comenzó el proceso para desprenderse de la metalúrgica IMPSA, radicada en la provincia de Mendoza. La empresa fundada por la familia Pescarmona tiene más del 63% de acciones en manos del Estado nacional, que buscará cedérselas a una empresa de los Estados Unidos. El anuncio formal sería realizado este jueves al mediodía por el gobernador radical Alfredo Cornejo y el secretario de Desarrollo Productivo Juan Pazo. 

El convenio prevé garantizar los puestos de trabajo y establecer dos etapas para la futura venta de la firma. En principio, se comprometerían a pagar los sueldos durante los próximos dos meses y en septiembre quedaría en una situación "ventajosa", en caso que se sumen otros interesados, para poder finalizar el proceso de adquisición. De esta forma, el Ejecutivo avanzaría con una primera operación de privatización más allá de las empresas públicas que quedaron sujetas a venta a participantes privados. 

La compañía fue estatizada en mayo de 2021, por decisión del presidente Alberto Fernández. Desde ese momento, el Estado nacional pasó a ser propietario del 63,7% de las acciones, la provincia de Mendoza se quedó con 21,2% de las mismas, y un porcentaje minoritario (5%) lo conserva la familia Pescarmona, histórica propietaria. Se trató del primer ingreso del Estado a una empresa sin judicialización de ningún tipo.

En qué situación se encuentra IMPSA

Según cuenta en sus redes Tomás Bril Mascarenhas, director del Área de Política Productiva de Fundar, la empresa fue una de las tres multilatinas argentinas que logró sobrevivir en los 90s, junto a Techint y Arcor. En 2010 se convirtió en la 7ma multinacional más importante de América Latina y llegó a ser el mayor productor de molinos para la generación de energía eólica de la región. 

A diferencia de la mayoría de los grupos económicos argentinos, explica el especialista, e incluso en discrepancia con sus propias decisiones de décadas anteriores, IMPSA ingresó en el año 2000 con el propósito de evitar la diversificación sectorial y de enfocarse, en cambio, en energías renovables. En 2003, con IMPSA WIND, lanzó un prototipo que la llevó a desarrollar equipos eólicos con tecnología y diseños propios, incluyendo aerogeneradores. Entre 2004 y 2011 las ventas anuales de la compañía se multiplicaron por cinco y alcanzaron los USD 1000 millones en 2011. Los problemas financieros comenzaron a mediados de la década del 2010, lo que la llevó a reestructurar su deuda y a reconfigurar su estructura societaria. 

En 2021, el gobierno encabezado Alberto Fernández se quedó con el 63,7% de las acciones. Esa capitalización incluyó 20 millones de dólares por parte del Estado nacional y otros 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo, En ese momento, la compañía tenía ventas anuales por 10 millones de dólares, que se incrementaron hasta los 50 millones en 2023. Si bien logró una disminución considerable del déficit, no alcanzó el equilibrio sostenible. Cabe aclarar en este punto que no recibía aportes del Tesoro, pero sí dependía de obras financiadas por el gobierno nacional. En el directorio de la empresa no sólo estaba presente la oposición, sino que también se creó un comité auditor y se le otorgó la presidencia al representante de Mendoza para que audite la gestión. 

En la actualidad, la empresa emplea 720 trabajadores y tiene un rojo mensual cercano a los 1,5 millones de dólares, aunque desde el oficialismo afirman que las deudas continúan acumulándose. Desde el gobierno culparon a la administración encabeza por Fernández y el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por la situación financiera de la empresa.

Con la carta de intención que se firmará mañana, se dará el puntapié para vender las acciones de la Nación y la provincia de Mendoza a la empresa estadounidense. El oferente tiene 30 días para presentar su propuesta económica y luego hay otros 60 días para ver si se presenta otra oferta