El oficialismo definió el dictamen y pasó a la firma el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento en plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda del Senado. Juntos por el Cambio venía insistiendo en el tratamiento del proyecto durante las últimas sesiones, intentó tratarlo la semana pasada pero no tuvo el apoyo del Frente de Todos. 

El presidente de la comisión de Medios, el oficialista Alfredo Luenzo (Chubut), comenzó el encuentro haciendo lectura de las modificaciones que el oficialismo había consensuado con el Gobierno nacional. Principalmente, se suman actividades a las consideradas en el régimen de promoción y se hace una diferencia entre los beneficios para empresas grandes, medianas y chicas.

La bancada peronista miraban de reojo una tendencia a las grandes empresas en el articulado votado en Diputados, la redacción final otorgará un rol más importante a las pymes y micropymes. En este sentido, las empresas consideradas grandes pasarán a tener un descuento del 20% en el impuesto a las ganancias, las empresas medianas un 40% y las pequeñas un 60%. En el texto original no se hacía una distinción y todas recibían el mismo descuento. "Se busca la promoción y darle lugar a que crezcan las pymes", aseguró el senador Carlos Caserio presidente de Presupuesto y Hacienda.

Entre los sectores agregados, se suman aquellos que brindan servicios de publicidad, diseño gráfico, diseño de interfaz, de indumentaria, de calzado, servicios jurídicos, de traducción y arquitectónicos, entre otros. El bloque oficialista informó que la demora en la puesta en debate del proyecto se explica por los cambios que estuvieron consensuando con el ministerio de Producción que conduce Matias Kulfas. Es que el proyecto tiene un costo fiscal para el Estado de casi 18 mil millones de pesos, un aumento del 100%. "El espíritu es el mismo pero se van a modificar aspectos que hagan que el proyecto vuelva a Diputados", aseguraron desde el Frente de Todos a Data Clave. 

Fuentes parlamentarias afirmaron que la demora del tratamiento del proyecto se debe a que "se debatió mucho"  tanto internamente entre senadores como con funcionarios del Gobierno. "Se dio un ida y vuelta constante todo este tiempo. Va a quedar reflejado el por qué de la demora en el dictamen que pasamos a la firma", dijeron. Desde la Casa Rosada buscan impulsar este proyecto como gesto al sector empresario que lo viene reclamando con insistencia. 

Juntos por el Cambio sentó posición reiterando que el tratamiento está viciado por la renovación sin consentimiento opositor del sistema de sesiones remotas. Pero dieron un aval a la posibilidad de acercar sugerencias al momento de votar el proyecto en el recinto. El pampeano Juan Carlos Marino reclamó la vuelta de las sesiones presenciales y pidió "acordar en reunión de jefes de bloque la continuidad del funcionamiento remoto" como sucedió en la Cámara baja. El oficialismo pone en agenda un proyecto que reclama la oposición para dejar en una situación incómoda a Cambiemos. Rechazan el modo en que se trata el proyecto pero apoyan su sanción.

De parte del oficialismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) recordó la acordada de la Corte que cursó la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, al inicio de la pandemia para garantizar el funcionamiento remoto del cuerpo. "Esperemos llevar la semana que viene al recinto el proyecto", adelantó la mendocina para cerrar el debate.

En Diputados el proyecto salió con amplio consenso, 246 votos afirmativos y sólo dos en contra, desde su llegada al Senado a principios de agosto, el tratamiento está frenado por el oficialismo. Por su parte, Juntos por el Cambio reclamó llevarla al recinto desde el primer momento sin éxito. El senador radical Martín Lousteau (CABA) intentó colarla en varias sesiones sin apoyo del oficialismo, la última jugada del macrismo incluyó el pedido de una sesión que nunca llegó a realizarse.

El derrotero del proyecto comenzó en el último año del gobierno de Cambiemos, la sanción del Congreso fue derogada por la presidencia de Alberto Fernández cuando impulsó las leyes de emergencia económica y social en diciembre. A partir de allí, se comprometió la sanción de una nueva ley que tuvo media sanción a mediados de este año con el funcionamiento virtual de Diputados. Ahora, con las modificaciones del Senado, deberá volver a la Cámara baja.

La propuesta con media sanción estipula que las empresas de software y servicios informáticos deben tener el 70% de su facturación originadas por las actividades promovidas en la ley o acreditar el uso de tales disciplinas para agregar valor o innovación en productos, servicios y procesos. A estos, se les establece una quita del 60%, el 40% o el 20% en el monto total del impuesto a las ganancias según el tamaño de la empresa.