Tras los arrestos arbitrarios durante la manifestación contra la Ley Bases el pasado miércoles 12 de junio, algunas de las personas acusadas de alzarse “contra el orden constitucional” fueron trasladadas a diferentes unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Esos detenidos denunciaron violencia por parte de la policía desde el inicio del proceso, pasando por su llegada a los penales de Marcos Paz y Ezeiza. Cabe recordar que no todas las aprehensiones sucedieron en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Esa tarde, las fuerzas de seguridad llegaron hasta Avenida 9 de Julio y Avenida Independencia, a más de un kilómetro de distancia, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a personas que pasaban por el lugar.

Llamativamente, no sucedió lo mismo con el grupo de “manifestantes” que incendió un móvil de Cadena 3 de manera organizada, que se encontraban a pocos minutos y a escasos metros de las vallas de seguridad, donde estaban apostadas las fuerzas de seguridad reprimiendo jubilados. Mismas vallas que, comprobado por un registro fotográfico de La Nación, la policía les abrió habilitando el paso.

“No son delincuentes como están instalando. Son ciudadanos con conciencia que fueron a manifestarse” denunció en una conferencia de prensa la mamá de Nicolás Mayorga, uno de los liberados ayer a última hora por la jueza María Servini. Por su parte, la madre de la estudiante de la Universidad Nacional de San Martín Camila Juarez Oliva había sostenido que “los chicos son la muestra de lo que se viene si no los paramos”.

Sobre la violencia sufrida dentro de las dependencias del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza y Marcos Paz, Matías Ramírez y Remigio Ocampo, ambos vendedores ambulantes de comida, relataron al ser excarcelados que varias personas fueron tiradas al suelo para recibir patadas mientras policías le presionaban la cabeza con sus borcegos. 

Antes de la liberación de ayer (solo permanecen con prisión preventiva cinco personas, procesadas por distintos hechos como incendio, resistencia a la autoridad, intimidación pública), los familiares de los detenidos denunciaron que, pese a que hay presos cumpliendo condenas en comisarías por falta de lugar en cárceles federales, ya se había iniciado el procedimiento burocrático para trasladarlos a celdas comunes. 

Las imputaciones que el fiscal Carlos Stornelli pretendía endilgarles configuraban -de acuerdo a la postura expresada por familiares y asociaciones- delitos graves no excarcelables ya que contenían el agravante de “terrorismo”. En estos días, habían conformado un petitorio de liberación que llevaba más de 40.000 firmas y la adhesión de organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

No obstante, el fiscal Stornelli insistió esta semana (y se estima que hará lo mismo tras las nuevas liberaciones) con la detención de todos los involucrados. En ese sentido, le había solicitado a la Cámara de Apelaciones que detengan nuevamente a los imputados por “incitación a la violencia colectiva infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra de orden constitucional y la vida democrática”. 

“La misma democracia que garantiza el derecho a la protesta, que está siendo reprimido, disciplinado y castigado”, recalcaron desde las organizaciones sociales.