Previo al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) denunció en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la reforma laboral incluida en el proyecto. 

“Argentina es en este momento el laboratorio del liberalismo mundial, promoviendo su utopía del mercado autoregulado”, manifestó durante su exposición el presidente de ALAL, Matías Cremonte y afirmó que “ni un solo artículo (de la reforma laboral de la Ley Bases) supone un mayor derecho o beneficio para las personas que trabajan”.

Además, precisó que “está demostrado que las reformas laborales no inciden en la creación de empleo ni en el aumento de la registración, ni mucho menos de los salarios” sino que “es exactamente al revés”. 

“¿Cómo pueden explicar que la eliminación de las penalidades para los empresarios que no registran una relación laboral vaya a redundar en mayor registración? Por ese camino la informalidad laboral en Chile llegó al 50%, en Paraguay a más del 60% y en Perú al 70%”, remarcó. 

Matías Cremonte en la Confencia 2024 de la OIT.

Luego, en diálogo con Data Clave, Cremonte señaló que si bien este año no se trató el caso argentino como uno de los países denunciados y, por lo tanto, que son tratados en esta conferencia, “la situación en Argentina conmociona en general al mundo y sobre todo al mundo del trabajo”.

“Nos pareció importante denunciar y alerta sobre lo que estaba por tratar el Senado y las consecuencias que eso tendría en caso de convertirse en ley”, explicó y precisó que “la reforma laboral es regresiva en tanto supone un retroceso en materia de derechos laborales y, por lo tanto, es inconstitucional”. 

“Además, en caso de que se convierta en ley gran parte de su contenido vulneraría convenios de la OIT”, señaló. En esta línea, remarcó que vulneraría el convenio 87 de protección de la libertad sindical porque “la habilitación de despidos por participación en asambleas y en medidas de fuerza en general  lógicamente atenta contra la libertad sindical”. 

“Le dan al empleador la posibilidad de caracterizar un derecho como un delito y en función de eso despedir a alguien con causa, y por tanto, no pagarle una indemnización. Esto tiene como objetivo desalentar la actividad sindical y la participación en acciones colectivas”, subrayó Cremonte. 

“También se vulneraria el convenio sobre la discriminación cuando se prohíbe la reinstalación en caso de despidos discriminatorios. Algo que en nuestra jurisprudencia estaba ya muy consolidado que se considere nulo el despido por causa de discriminación”, agregó. 

Por otro lado, cuestionó que se permita que las licencias por maternidad puedan extenderse hasta 10 días antes del parto ya que, si bien es la persona la que decide, existe la posibilidad de que “el empleador ejerza presión sobre la mujer trabajadora embarazada para que continúe trabajando hasta 10 días antes”. 

Además, Cremonte explicó que “existen convenios y recomendaciones de la OIT respecto al sistema de inspección laboral y del combate contra el empleo no registrado” y que “la eliminación de las indemnizaciones agravadas para los casos de despidos de trabajadores no registrados vulneraria esos convenios”.

Por último, indicó que la reforma al ser regresiva “vulnera un principio fundamental del derecho internacional que es el principio de progresividad o de irregresividad que está en diversos tratados internacionales de derechos humanos pero particularmente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos  y por ende, el sistema Interamericano  de DDHH”. Y señaló que en caso de que se convierta en ley podría plantearse una denuncia en ese ámbito.