El Consejo de la Magistratura desestimó hoy la denuncia de organismos de derechos humanos a la jueza Agustina Díaz Cordero por su supuesta participación en el plan de libertarios, un cura, abogados y exfuncionarios judiciales para liberar a represores presos por delitos de lesa humanidad. 

La desestimación fue aprobada con 11 votos, mientras que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del organismo, Horacio Rosatti, se abstuvo. En contra votaron los 5 representantes de Unión por la Patria, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Héctor Recalde, Inés Pilatti de Vergara y Rodolfo Tailhade.

El nombre de la vicepresidenta del Consejo aparecía en los chats de un grupo de WhatsApp, que integraban diputados nacionales de La Libertad Avanza, el cura Javier Olivera Ravasi, juristas y eclesiásticos. Allí, el legislador entrerriano, Beltrán Benedit, propuso “enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA”. En otro chat, el sacerdote habló de volver a contactarse con Díaz Cordero y dijo que “estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero”.

Tras conocerse los mensajes, un grupo de organizaciones de derechos humanos le solicitó a Rosatti que aclare cuál es el rol que pudo haber tenido la jueza. La nota fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el CELS, entre otros.

En el plenario del Consejo de la Magistratura, asistieron hoy representantes de dichos de organismos. Allí habló el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tavani. “Pretendemos la investigación del caso. No se puede con tanta premura el cierre del expediente. Hay indicios y pruebas que pueden ser muy importante a producir", sostuvo el titular de la APDH.

El dictamen para archivar la denuncia señala que los hechos alegados no son motivo de mal desempeño según la reglamentación del Consejo. Además, detallan que la jueza civil rechazó cualquier vínculo con los organizadores de dicho plan. Sin embargo, los consejeros de Unión por la Patria señalaron que Díaz Cordero rechazó formar parte del grupo de WhatsApp pero no hizo referencia a si mantuvo o no reuniones y eso es lo que hay que investigar con medidas de prueba, como por ejemplo la citación como testigo de la legisladora Lourdes Arrieta, una de las arrepentidas de la visita a los genocidas en Ezeiza.

El mes pasado, la vicepresidenta del Consejo presentó una nota a Horacio Rosatti. “No tengo ni he tenido ningún tipo de vinculación funcional, académica y/o personal con las personas que han sido sindicadas en la presentación de referencia, tanto por la prensa como por redes sociales, como integrantes de una agrupación que tiene por objeto beneficiar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad; tampoco con éstas últimas", señaló la Díaz Cordero y agregó: "En otras palabras, ni siquiera las conozco, con la excepción que consta en el quinto párrafo de la presente”. Con esto último, se refirió a que solo conocía de las personas nombradas al ex magistrado Eduardo Rafael Riggi y al cura Javier Olivera Ravassi, quien fue el organizador del grupo.