José Alfredo Garavento era paciente oncológico. En enero de este año, la intervención dispuesta por el gobierno nacional en la obra social OSPRERA le rechazó su tratamiento. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se realizaron intimaciones para restituir su quimioterapia. Ante la falta de respuestas y el completo abandono por parte de las autoridades, el paciente falleció el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo.

UATRE ahora denuncia penalmente al ministro de salud, Mario Lugones, al Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, y a Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social designado por un decreto de Milei, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte”.

Garavento fue diagnosticado en el año 2020 con cáncer de colon. Realizó cirugía y quimioterapia. Aún así, en el año 2023 los médicos detectaron que el cáncer había vuelto y prescribieron reiniciar el tratamiento. La quimioterapia se reinició a principios de mayo de 2024 con aplicaciones quincenales, provistas por la entonces gestión de Osprera a través de Drogueria Suizo en aplicaciones que no podían ser interrumpidas.

En octubre de 2024 el gobierno nacional intervino la Obra Social Osprera y en enero de 2025, sin aviso previo y sin justificación, la conducción del interventor Petroni le interrumpió el tratamiento a Garavento y le rechazó su solicitud de acceder a la medicación para cumplir con la quimioterapia. Empezaron entonces los reclamos del paciente, de sus familiares con fechas el 16 de enero, el 12 de febrero, el 18 de febrero. El 22 de enero Petroni fue incluso intimado en carta documento por UATRE pero el interventor no hizo nada.

La viuda de Garavento, Isolina Margarita Lafferrairie, manifestó: "Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que con 58 años y tantos sueño por cumplir, le fueron negados por la obra social". Y agregó: "Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo  y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros. José con 58 años tenía mucho por vivir y además después de ver una tomografía y los marcadores ya casi normales se produjo ese terrible desenlace por incumplimiento con la medicación".

En la denuncia penal que impulsa UATRE se manifiesta que “Petroni sabía de que el afiliado se encontraba en riesgo (..) había sido notificado fehacientemente el 22 de enero de 2025, tenía por su rol de interventor el deber de cuidarlo y arbitrar los medios necesarios para garantizar las prestaciones médicas prescriptas. Sin embargo, no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y luego ante la noticia de la situación de desamparo y el peligro para la vida omitió cumplir con sus deberes y prestarle el debido auxilio”. Por elevación, se denuncia también a Lugones y Oriolo por “delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público - en calidad de coautores- y por el delito de administración fraudulenta - en calidad de partícipes necesarios-.”.

El de Garavento no es un caso aislado, son cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de  cortes masivos en sus tratamientos. Son pacientes graves oncológicos HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura. La UATRE y su Secretario General, José Voytenco vienen reclamando por la grave situación con intimaciones y denuncias para que la intervención y el Gobierno den respuesta.