En un paso clave hacia la primera privatización del gobierno de Javier Milei, la legislatura de Mendoza tratará el próximo miércoles el proyecto para transferir a la Nación el 21,24% de las acciones de IMPSA, empresa de alta tecnología energética con sede en la provincia cuyana. Esta operación es fundamental para que la administración nacional complete el proceso de venta de la metalúrgica, luego de que la Nación adquiriera el 63,72% de sus acciones en 2021.

IMPSA, conocida por su liderazgo en la fabricación de turbinas y su participación en proyectos energéticos de gran escala, atraviesa una delicada situación financiera. Con una deuda que supera los 560 millones de dólares y un déficit operativo de aproximadamente 1,5 millones de dólares mensuales, la compañía no ha logrado revertir completamente los problemas que la llevaron a ser estatizada durante la gestión de Alberto Fernández.

La iniciativa de privatización cuenta con un amplio apoyo en la legislatura mendocina, donde el oficialismo, liderado por la UCR, tiene los votos suficientes para aprobar la venta. El gobernador Alfredo Cornejo ya presentó el proyecto para autorizar la transferencia de las 454 millones de acciones que la provincia obtuvo en 2021, tras el rescate conjunto de la Nación y Mendoza por un total de 20 millones de dólares. “Nosotros acompañamos la Ley Bases y este es un paso importante para avanzar con el espíritu del texto de esa ley”, afirmó un legislador radical.

El gobierno de Milei, por su parte, espera que la venta de la participación provincial acelere el proceso de privatización de IMPSA, cuyo comprador más probable es la empresa estadounidense ARC Energy. Esta firma ya expresó su intención de capitalizar la compañía, aunque no ha revelado públicamente el monto de su oferta. Según fuentes oficiales, existen al menos dos interesados adicionales que podrían mejorar la propuesta de ARC Energy, lo que generaría una competencia en los próximos 60 días.

Sin embargo, la operación no está exenta de controversia. Desde la oposición, legisladores como Gabriela Lizana, del Frente Renovador, han cuestionado la decisión de vender IMPSA sin definir previamente el precio de las acciones ni identificar de manera clara al comprador. Lizana destacó que la empresa “tiene un valor intangible de capital humano y potencial que no se puede cuantificar” y criticó que la venta se realice bajo la premisa de cubrir sueldos y deudas sin considerar el valor estratégico de la firma para el desarrollo energético del país.

X de Gabriela Lizana

IMPSA, fundada hace más de un siglo por la familia Pescarmona, fue una de las empresas más importantes de la región en la producción de equipamiento para energías renovables. Durante su auge, exportaba el 85% de su producción a más de 40 países y participaba en grandes proyectos con empresas como YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica y Yacyretá. No obstante, los problemas financieros comenzaron en 2010, cuando la compañía se endeudó fuertemente para financiar su filial en Brasil y sufrió la falta de cobro de proyectos en Venezuela. Esto llevó a una reestructuración de su deuda, que se prolongó por años.

En 2021, bajo la administración del Frente de Todos, IMPSA fue capitalizada con 20 millones de dólares por parte del Estado nacional y 5 millones de la provincia de Mendoza, lo que permitió la estatización del 63,72% de sus acciones. Si bien las ventas de la empresa se incrementaron en los últimos años, alcanzando los 50 millones de dólares en 2023, el déficit financiero persistió. A pesar de esto, la empresa no recibió aportes del Tesoro Nacional desde 2022, lo que contrasta con los reclamos actuales sobre su situación.

El próximo sábado se espera que ARC Energy concrete su oferta económica, lo que daría inicio formal al proceso de privatización de IMPSA. Si bien otras firmas tienen hasta 60 días para mejorar la propuesta, el gobierno de Milei ya se muestra decidido a avanzar con la operación en su búsqueda de reducir la participación estatal en sectores estratégicos.