La fraudulenta quiebra del Grupo Empresarial Sasetru, ejecutada durante la última dictadura cívico militar por funcionarios que respondían al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, continúa investigándose en la Justicia Federal, que detectó en los últimos meses nuevas irregularidades en los balances del Banco Internacional Sociedad Anónima (BISA), que integraba parte de esta sociedad apropiada por los agentes financieros del régimen castrense.

Por pedido de la Fiscal Federal Paloma Ochoa, la Dirección General de Asesoramiento Financiero (DAFI), dependiente de la Procuración de la Nación, detectó a fines del año pasado, que en los asientos contables de este Banco, apropiado por la dictadura, figuran los bonos de consolidación que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le entregó a la entidad para concretar una venta irregular al Bank Of América y despojar así a sus propietarios de la entidad financiera.

De esta forma, se avanza para investigar la quiebra de Sasetru y del Banco que formaba parte de su estructura empresarial como un delito de lesa humanidad.

La investigación se apoya en un dictamen elaborado en diciembre de 2021, por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa), Ángeles Ramos, quien solicitó 33 medidas de prueba a Ochoa para investigar esta operación en el contexto del terrorismo de Estado.  

La empresa Sasetru era, a mediados de los años ’70, la principal productora de alimentos de Argentina con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina.

Pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo.

La firma se fundó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga

Las actividades de esta firma se iniciaron en el molino harinero de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, y con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.

En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el Gobierno de Isabel Perón, Salimei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años junto con sus otros dos socios.

A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.

“Era mandarlos a la muerte. No lo podíamos hacer. Seitún habló con un coronel y le dijo que no hacía falta, que gente en la empresa no causaba problemas. Fue entonces cuando llamó (Guillermo) Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, y le advirtió que ‘si un solo trabajador causaba problemas, los íbamos a ir a buscar a ustedes’. Con esa presión arrancamos con la dictadura” recordó en diálogo con Data Clave Jorge Salimei, hijo de uno de los últimos directivos que tuvo el grupo y que desde 2013 busca que la apropiación de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad.  

Tras el golpe de Estado, la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera ejecutado por la gestión de Martínez de Hoz, que aumentó de forma exponencial la tasa de interés y tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.

Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como “La Tablita” para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina.

Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador y tuvo un efecto demoledor para Sasetru.

La empresa entró en convocatoria y, desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal, quien desde 1991 vive fuera del país, presionó para la creación de un fideicomiso conformado por “un club de bancos” que se haría cargo de la gestión de Sasetru.

Sin embargo, el verdadero objetivo era apropiarse despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el BISA, que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al Gobierno que nunca fueron cancelados.

El Banco Central y el Banco Provincia negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of América, en una operación por la cual Sasetru no percibió nada.

La operación se concretó días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central. El Banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no les quedó “ni un peso” a los propietarios del grupo, según contó el propio Salimei.

Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia, y la empresa cesó sus actividades.

Desde la querella que impulsa Salimei se afirma que la operatoria se pactó en 150 millones de dólares y que ese dinero “desapareció” el mismo día que se concretó la operatoria, el 27 de marzo de 1981.

Ese mismo día, desaparecen de los asientos contables del BISA los bonos de consolidación que el BCRA, desaparecieron con el propósito de facilitar la venta de la entidad financiera al Bank of American.

Sin embargo, la DAFI detectó en los archivos del BCRA, que los bonos que le había entregado seguían figurando en los balances del BISA, y que habrían sido ocultados para consumar la venta fraudulenta.

El contador del BISA, Ángel Alonso, fue detenido a principios de 1981 junto con todos los directivos de las empresas de Sasetru y del Banco BISA, y fue acusado del delito de subversión económica.

El BCRA pretendía concretar la venta del BISA al Bank of América, las autoridades decidieron sacar a Alonso de la cárcel para que firmara ese año los balances de la entidad que permitieran concretar la operación.

“Lo secuestraron junto a todos nosotros y después lo repusieron en su cargo porque necesitaban que firmara. Alonso lo hizo para sobrevivir. Después, con el regreso de la democracia, todos fuimos sobreseídos, pero la operación de despojo quedó consumada”, puntualizó Salimei.