Desde hace décadas, el narcotráfico es uno de los grandes dramas de la provincia de Salta. El poder del dinero genera fortunas y además inserta sus redes en todos los ámbitos. También en la Justicia.

Esta semana se reuni el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público de Salta se reunió para analizar la acusación del Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella, contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán, Claudio Alejandro Parisi.

En lo formal el Procurador General de la Provincia acusa al juez Parisi de mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo (artículos 160 de la Constitución Provincial y 9 incisos d y e de la Ley 7138). El miércoles se resolvió por unanimidad correr traslado de la acusación al juez, que deberá contestarla pudiendo ofrecer prueba.

El jury es para poder sacar a Parisi de su cargo. El juez tiene varias causas penales en las que se lo acusa de haber favorecido a narcotraficantes con arrestos domiciliarios sin control y de haber cobrado coimas para liberar o beneficiar a acusados en casos de drogas que se tramitaban en su juzgado.

“En la presentación realizada se detalla y acompaña documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados. Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes”, dice la acusación.

El primer hecho en que se basa la acusación ante el Jury consiste en el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes, mientras cumplía pena en su domicilio, al volver a ser imputada por un nuevo hecho de la misma actividad ilícita, fue beneficiada por Parisi con la continuidad de su «prisión» domiciliaria, sin custodia policial alguna ni método de monitoreo electrónico de sus movimientos.

La acusación del Procurador relata además:

“Otra situación se presentó en el caso Leniz (coimputada de Pereyra en el último caso mencionado), donde el criterio del juez pareció ser diferente, puesto que, si bien había concedido la prisión domiciliaria a la imputada, luego la dejó sin efecto ante un informe del Servicio Penitenciario respecto a una nueva imputación que pesaba sobre Leniz”.

“El  magistrado aplicó criterios completamente distintos en uno y otro caso, siguiendo un «estándar de justicia» que no es posible definir externamente. Sin embargo, señaló García Castiella que quizás ese cambio de criterio tenga razón de ser en lo que corría por detrás de las decisiones sobre la concesión de prisión domiciliaria, puesto que es justamente por la causa que se inicia contra Leniz en esa oportunidad que se descubre todo el entramado ilegal surgido de extracciones telefónicas de una policía sobrina suya, que confluyó en las imputaciones del juez Parisi, de la oficial de policía Castellanos (sobrina de aquél) y del secretario del juzgado Maximiliano Correa. Ademas de negociaciones por beneficios procesales, esta policía se encuentra detenida y bajo proceso por anticipar allanamientos a los investigados y frustrar asi medidas procesales”.

“La imputación y posterior requerimiento a juicio del juez Parisi por el delito de cohecho agravado se justificó no solo por las conversaciones entre la acusada Leniz y la oficial de policía Castellanos, en las que esta última ofrecía sus vínculos familiares con el juez para que aquélla obtuviera beneficios a cambio de abultadas sumas de dinero, sino también porque los detalles de las conversaciones revelan que Castellanos tenía conocimiento preciso de la causa sin intervenir en ella como auxiliar de la justicia. Además, se constató la adulteración en la cadena de custodia de un cuaderno que se encontraba secuestrado y bajo la responsabilidad de Parisi, el cual la acusada Leniz solicitó telefónicamente a Castellanos”.

“La misma falta de criterio, razonabilidad y justicia se presenta en las decisiones tomadas por Parisi en relación a José Dimas Ruiz (ex candidato a intendente de Orán), en la causa en la que se encuentra acusado como partícipe del violento y millonario robo a la empresa Abra el Sol, en el que también está imputado como autor, entre otros, Cristian “Gringo” Palavecino; situación que fuera denunciada por la abogada Sandra Domene y una hermana del imputado Ruiz en donde se denunciara el pedido de coima para el otorgamiento de una detención domicilaira. En ese expediente, Parisi intentó dar una apariencia diferente a la medida adoptada a favor de Ruiz, afirmando en la resolución que hacía lugar al pedido de prisión preventiva, cuando en realidad ordenó una simple restricción ambulatoria en su propio domicilio. Desde su residencia, Ruiz sumaría luego otras acusaciones, por haber pasado información a la organización criminal para que robara las casas de sus vecinos”.

“Sobre ese caso, es importante comprender el contexto, ya que se trató de un hecho cometido por una organización criminal formada por varias personas que utilizaron distintos vehículos para trasladarse, actuaron con extrema violencia, emplearon armas de grueso calibre y hasta llevaron a cabo el secuestro de uno de los socios gerentes de la empresa”.

“A ello se agrega el hecho de que se encuentra bajo investigación penal y con requerimiento de juicio el supuesto cohecho en el que también está involucrado Parisi, por recibir dinero a cambio de los beneficios otorgados al ex contador de la empresa Abra El Sol, Jose Dimas Ruiz. De las conversaciones encontradas en los teléfonos del hermano del acusado Ruiz y del secretario del juzgado, Maximiliano Correa, que se realizaron con el abogado Roberto Ortega, quien representaba a Ruiz, se advierte que hablan del pago de una suma de dinero. Además, se revela que, incluso antes de que el Juzgado de Garantías formalizara la decisión, esa parte ya conocía el resultado y el horario en que habría de efectivizarse”.

También denuncia el Procurador la falta de criterio para disponer el arresto domiciliario en el caso “Chaile”, donde en una primera instancia el juez Parisi dispuso la prisión preventiva del acusado por homicidio culposo, quien había huido de la escena del crimen, justificando la medida con la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, unos días después, cambió de opinión y dispuso lo contrario, ordenando que Chaile se mantuviera en su domicilio particular.

“Lo grave del caso es que el magistrado no tomó recaudos para asegurar el cumplimiento de la disposición, y cuando el Tribunal de Impugnación le exigió que impusiera una pulsera electrónica para controlar la medida, Parisi incumplió deliberadamente el mandato. En su lugar, terminó ordenando, sin nuevos fundamentos, la libertad plena del imputado. Como consecuencia de la concesión de tantas libertades, el acusado Chaile sigue prófugo de la justicia, y las víctimas del hecho permanecen sin respuesta judicial alguna”.

Por último, García Castiella denunció el grosero actuar de Parisi en el caso del sicariato que acabóo con la vida de César “Oreja” Martínez, hermano del Intendente Carlos Alfredo “Conejo” Martinez, a quien le concedió el arresto domiciliario a pesar de estar acusado por tentativa de femicidio y contar en ese momento con dos resoluciones de prisión preventiva en su contra, dictadas por el propio Parisi: una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma víctima y otra por venta de drogas.

Mientras Martínez gozaba de la prisión domiciliaria concedida, fue ejecutado fríamente en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas y le asestaron 17 disparos.

El juez Parisi también intervino en la causa que investigaba la muerte de Martínez, oportunidad en la cual se obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad. Este comportamiento también forma parte de la acusación presentada hoy por el Procurador.

Parisi está actualmente sospechado de haber pasado irregularmente información sobre la causa al abogado Roberto Ortega, quien no estaba habilitado en el caso. En el marco de esa investigación, se necesitaba obtener prueba urgente, por lo que se solicitó el allanamiento de varios domicilios, incluido el del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, hermano del fallecido César Martínez. Sin embargo, Parisi demoró injustificadamente el procedimiento y, posteriormente, se demostró que había proporcionado información sobre esos actos al abogado Ortega, lo que frustró las posibilidades de éxito de los allanamientos.