Después de la sanción de la Ley Bases en el Congreso, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei quiere avanzar con las primeras privatizaciones, después de la disolución de organismos oficiales como el Inadi o el cierre de la agencia de noticias Télam.

De acuerdo con lo que se publicó hoy en el Boletín Oficial la intención del Poder Ejecutivo es avanzar en los próximos seis meses con la entrega al sector privados cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta su primer paquete de concesiones.

Las empresas incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, que están siendo operadas con prórrogas transitorias. Están todos ubicadas en la Patagonia. Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.

La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso de venta de las centrales.

Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional. El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

En los antecedentes se sostiene que las nuevas privatizaciones surgen de  “la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de los aprovechamientos hidroeléctricos a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones”.