El pasado viernes, la Justicia de Misiones allanó el despacho del diputado provincial Germán Kiczka en la Legislatura, como parte de una investigación en la que se lo acusa, junto a su hermano, de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo fue encabezado por el Juez Miguel Ángel Faria, quien ordenó la medida tras reunir pruebas en el expediente judicial.

Durante el procedimiento, se secuestraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos una notebook, una CPU y un pendrive, los cuales serán sometidos a un análisis exhaustivo. Según lo informado por el juez Faria, los equipos serán investigados con software avanzado para recuperar archivos que podrían haber sido eliminados, lo que representa un paso clave en la investigación.

Kiczka y su hermano, quienes optaron por no declarar ante el juez, se encuentran detenidos en la Unidad Penal VIII, ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal, desde hace dos semanas. El juez Faria explicó que el operativo en la Legislatura no se pudo llevar a cabo antes debido a que se necesitaba una autorización del presidente del cuerpo legislativo para proceder con el allanamiento en el despacho del diputado.

El avance de la causa ha sido calificado como "complejo" por el propio magistrado, quien indicó que, aunque se han encontrado diversos elementos, hasta el momento no consta en el expediente judicial que los hermanos hayan producido material de abuso sexual infantil, una de las acusaciones que circuló inicialmente. La investigación se encuentra en una etapa donde el análisis de los dispositivos secuestrados será fundamental para determinar el grado de implicación de los acusados.

El próximo jueves 12 de septiembre, la Legislatura de Misiones decidirá si se procede con la expulsión de Kiczka del cuerpo legislativo, una medida que requiere el voto de dos tercios de los miembros para ser aprobada. Mientras tanto, la Legislatura ya había votado previamente a favor de su desafuero, lo que permitió la detención del legislador. Además, como medida preventiva, se decidió suspender el cobro de la dieta correspondiente al diputado mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado un fuerte revuelo en la provincia, y la decisión que tome la Legislatura será crucial no solo para el futuro político de Kiczka, sino también para la postura institucional frente a este tipo de delitos, que involucran a un representante electo.