La senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, no ha dejado de lado su proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes realicen falsas denuncias. Esta iniciativa, que ya había sido presentada el año pasado, fue reflotada en una jornada especial que tuvo lugar en el Salón Azul del Senado. Con el apoyo de víctimas y especialistas, Losada impulsa una propuesta que, según ella, apunta a proteger a aquellos que son injustamente acusados, especialmente en casos de violencia de género, abuso sexual y maltrato infantil.

La senadora presentó su proyecto por primera vez en 2023, un año cargado de polémicas, pero con el respaldo de la sociedad civil. En esa ocasión, hizo hincapié en que las falsas denuncias "destruyen vidas" y socavan la confianza en el sistema judicial. A pesar de que su propuesta perdería estado parlamentario antes de finales de 2024, Losada ha asegurado que insistirá con la iniciativa en 2025, sin descartar la posibilidad de incluirla en una futura convocatoria a sesiones extraordinarias.

El proyecto propone penas de prisión de entre 3 y 6 años para quienes realicen falsas denuncias relacionadas con delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños, niñas y adolescentes. Para aquellos que actúen como testigos, peritos o intérpretes y afirmen falsedades o callen la verdad en su declaración, la pena sería de uno a cuatro años de prisión. El texto también contempla exenciones de responsabilidad para aquellos que actúen en favor de familiares cercanos o amigos íntimos.

Sin embargo, esta iniciativa no es ajena a la controversia. Durante la jornada, Ramón Dupuy, abuelo del niño Lucio Dupuy, asesinado en 2021 por su madre y su pareja, expresó su firme apoyo al proyecto. "Las falsas denuncias matan", afirmó Dupuy, recordando el sufrimiento que su familia atravesó debido a las denuncias falsas que recibieron. A su vez, señaló a funcionarios judiciales y a la asesora de menores como responsables indirectos de la tragedia que le costó la vida a Lucio.

La propuesta de Losada sigue generando debates. Mientras que algunos la consideran una medida necesaria para evitar abusos en el sistema judicial, otros alertan sobre el riesgo de que el proyecto termine siendo usado como una herramienta para deslegitimar denuncias reales. En este sentido, Lilia Lemoine, quien presentó un proyecto similar, también había enfatizado en su momento que era crucial encontrar un equilibrio entre la protección de las personas acusadas de forma falsa y el respeto hacia quienes realmente son víctimas de violencia.

A pesar de las críticas, Losada se mantiene firme en su posición. "Este proyecto es una necesidad para que la justicia no sea manipulada ni puesta en riesgo por aquellos que falsean la verdad", aseguró en su intervención. La senadora dejó en claro que continuará luchando por la implementación de su propuesta, a pesar de los obstáculos que se presenten.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto sea tratado en el corto plazo, la situación sigue siendo incierta. La UCR ha sido crítica con el oficialismo por no avanzar en varios de sus proyectos clave, y es probable que el futuro de esta ley dependa de cómo se gestionen las sesiones del Congreso en los próximos meses. Sin embargo, Losada no se da por vencida y ya prepara su ofensiva para el año próximo, con la esperanza de que su iniciativa reciba el apoyo necesario para convertirse en ley.

Qué dice la ley actual

El falso testimonio está incluido en los artículos 275 y 276 del Código Penal de la Nación. Allí se estipula que un testigo, perito o intérprete que diga algo falso o que niegue o se calle la verdad de lo que sepa podrá tener una pena de un mes a cuatro años de prisión. 

Incluso, cuando ese falso testimonio se da en una causa penal y se brinda para perjudicar al imputado (como sería en aquellas causas que ponen de ejemplo Losada y Lemoine), la pena va de uno a diez años de prisión.

El artículo 276 estipula además que la pena del testigo o perito que ya haya declarado con falsedad incluirá también una multa del doble de la plata que haya cobrado por haber mentido en su declaración.