Aceleran la privatización de IMPSA y lanzan licitación para el 100% de las acciones
La administración nacional y Mendoza lanzaron una licitación pública nacional e internacional para vender el 84,9% del capital accionario de IMPSA, empresa metalúrgica clave en el sector energético. Los interesados podrán presentar ofertas hasta el 31 de octubre, en un proceso que incluye deuda y la continuidad de sus 720 trabajadores.
El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza dieron luz verde al proceso de licitación pública para la venta del 100% de las acciones que ambas partes poseen en Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), una compañía emblemática en la industria energética. La participación en el capital accionario estatal incluye el 63,7% en manos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el 21,2% correspondiente a la provincia cuyana. En total, la oferta involucra el 84,9% de las acciones de la compañía.
La licitación, oficializada a través del Boletín Oficial, abre las puertas tanto a nuevos inversores como a los actuales accionistas, que podrán presentar ofertas hasta el 31 de octubre de 2024. La apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día a las 17 horas. El proceso permitirá adquirir el Pliego de Bases y Condiciones por $1.000 (mil pesos), siendo los principales requisitos garantizar la solvencia financiera y experiencia en el sector.
IMPSA, fundada por la familia Pescarmona en 1907, ha sido una pieza central en la producción de equipamiento para la industria energética, con un enfoque en turbinas hidroeléctricas, energía eólica y nuclear. Sin embargo, a lo largo de la última década, la empresa enfrentó serios problemas financieros, acumulando una deuda superior a los USD 500 millones. Negocios fallidos en mercados como Venezuela y Brasil marcaron el declive de la compañía, que terminó siendo estatizada en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández, en un intento por evitar su colapso.
A pesar de los esfuerzos del Estado por sanear las finanzas de IMPSA, la empresa continúa registrando pérdidas mensuales de más de USD 2,5 millones y enfrenta dificultades para cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores. El gobierno de Mendoza, principal impulsor de la licitación, busca asegurar que los nuevos dueños presenten un plan de negocios sólido que mantenga los 720 puestos de trabajo y potencie el rol de la compañía como motor de la economía local.
En julio de 2024, la empresa estadounidense ARC Energy fue la primera en formalizar su interés en la adquisición, ofreciendo una capitalización inicial de USD 30 millones. No obstante, la licitación ha despertado el interés de otros inversores internacionales, con propuestas provenientes de Brasil, Alemania y Argentina, generando una competencia que podría asegurar un futuro más estable para la compañía.
Con exportaciones que representan el 85% de su producción y una presencia en más de 40 países, IMPSA es vista como un activo estratégico para la Argentina, especialmente en un contexto donde las energías renovables están ganando cada vez más protagonismo a nivel mundial. La empresa ha desarrollado tecnología de punta en sectores como el petróleo, el gas, y la energía solar fotovoltaica.
El proceso de licitación está siendo seguido de cerca por el gobierno de Mendoza, que cedió US$ 5 millones para su participación en la compra original de acciones en 2021, y por FONDEP, que inyectó US$ 15 millones para evitar la quiebra. Ambos actores esperan que el nuevo propietario no solo absorba la deuda de más de USD 500 millones que arrastra la empresa, sino que además tenga la capacidad de reposicionar a IMPSA en los mercados internacionales y asegurar la continuidad de sus operaciones en el país.
La situación de IMPSA no es única en el panorama argentino. La licitación de la metalúrgica se produce en paralelo con la iniciativa del gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas, en un contexto de reformas económicas impulsadas por el oficialismo con el objetivo de reducir la participación estatal en sectores estratégicos.
Hasta el momento, ARC Energy sigue siendo el único oferente formal, pero la competencia podría intensificarse con la participación de nuevos inversores antes de la fecha límite de presentación de ofertas.