El gobierno encabezado por Javier Milei se ha distanciado claramente de las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, en el marco del Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, prometió reabrir causas judiciales contra exintegrantes de organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP. La vicepresidenta afirmó que "todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación", una declaración que generó polémica y rechazo en diversos sectores políticos y judiciales.

Esta promesa, que Villarruel enarbola como un compromiso personal más que gubernamental, se da en un contexto en el que el Congreso aún resuena con las controversias surgidas tras la reunión de diputados libertarios con ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Desde la Casa Rosada, sin embargo, la postura es clara: "No es un tema nuestro", afirmaron fuentes oficiales, subrayando que la agenda de justicia del gobierno de Milei no incluye la revisión de estas causas.

La diferencia clave que subyace en este debate se encuentra en la distinción legal ya establecida en tribunales argentinos entre crímenes cometidos por el Estado y aquellos perpetrados por organizaciones guerrilleras. El fallo del juez Ariel Lijo en el caso del asesinato de José Ignacio Rucci es un ejemplo ilustrativo. En 2012, Lijo resolvió que dicho homicidio, atribuido a Montoneros, no constituía un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no era imprescriptible. Esta decisión se basó en que, aunque el crimen tuvo un impacto político significativo, no cumplía con los criterios necesarios para ser considerado de lesa humanidad, reservados para aquellos actos cometidos desde el aparato estatal con el propósito sistemático de eliminar a un grupo particular de la sociedad.

La decisión de Lijo, respaldada por la Corte Suprema en el caso "Salgado José María s/ recurso de casación", generó un profundo malestar en Villarruel, quien ha mantenido desde entonces una postura crítica hacia el juez. Este encono, según fuentes cercanas a la vicepresidenta, se remonta a su percepción de que Lijo y otros jueces han sido parciales en la aplicación de justicia, favoreciendo una narrativa que, según Villarruel, ignora las víctimas del terrorismo perpetrado por guerrillas durante los años 70.

Esta animosidad se intensificó cuando Lijo fue visto como un obstáculo para las aspiraciones políticas de Villarruel, especialmente durante su candidatura, promovida por Javier Milei. En el ámbito judicial, Lijo actuó siempre en esa línea, lo que ha sido interpretado por Villarruel como un sesgo en contra de su visión de "memoria completa". 

Esta postura de la vicepresidenta se alinea con su histórico trabajo en el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), desde donde ha impulsado la visibilización de las víctimas de la violencia guerrillera, un enfoque que contrasta con la política de derechos humanos adoptada en Argentina desde el retorno de la democracia.

En paralelo, otro fallo relevante es el de la jueza María Servini, quien en 2023 ratificó que el atentado de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, atribuido a Montoneros, no podía considerarse un delito de lesa humanidad. Servini se basó en la jurisprudencia que distingue entre crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo la estructura del Estado con un propósito sistemático y generalizado, y aquellos actos de violencia perpetrados por grupos armados no estatales, que no poseen la misma categoría en el derecho internacional.

La posición de Villarruel, por ende, se enfrenta a diversa jurisprudencia que ha diferenciado sistemáticamente entre los crímenes cometidos por el Estado y aquellos perpetrados por organizaciones guerrilleras. Esta distinción es crucial, ya que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se basa en el poder del Estado para cometer atrocidades de manera sistemática y organizada, algo que las organizaciones guerrilleras, por más violentas que hayan sido, no pudieron replicar a la misma escala o con la misma capacidad institucional.

El enfoque de Villarruel y su insistencia en la revisión de estas causas también refleja un intento de reconfigurar la narrativa histórica en Argentina, poniendo en pie de igualdad a las víctimas de la violencia guerrillera con las de la represión estatal. Sin embargo, la falta de apoyo del Ejecutivo, que opta por mantener su distancia, deja en claro que esta no es una prioridad para el gobierno de Milei, al menos en términos de acción concreta.

En este contexto, la promesa de la presidenta del senado de reabrir las causas y su insistencia en que los ex guerrilleros sean juzgados nuevamente choca con la realidad legal y política del país, donde las diferencias entre los crímenes cometidos por el Estado y aquellos perpetrados por las guerrillas han sido claramente delineadas en los tribunales. La cuestión, sin embargo, sigue siendo un tema candente que refleja las profundas divisiones sobre cómo se debe recordar y juzgar el pasado violento de Argentina.