"Mar sin petroleras", el lema con el que científicos del CONICET advierten al Gobierno por la exploración offshore

La semana pasada se conoció que la Secretaría de Energía prorrogó una extensión de permisos por dos años para que tres empresas puedan continuar desarrollando exploraciones de hidrocarburos en las costas fuera del Mar Argentino. Un posicionamiento claro del Gobierno en pleno litigio con espacios ambientalistas que buscan frenar la avanzada. Por su parte, científicos y becarios del CONICET advierten los riesgos que implican este tipo de actividades.

Las prórrogas, concedidas a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, benefician a la petrolera francesa Total, la noruega Equinor y la argentina YPF para el primer período exploratorio en el área MLO 123, ubicada en la Cuenca Malvinas Oeste. En esta ubicación geográfica, Total opera con una participación accionaria del 37,5% y el mismo porcentaje tiene YPF, mientras que Equinor cuenta con un 25%.

Parte de estos permisos vuelven a otorgarse teniendo en cuenta que, en 2019, las empresas que habían recibido las habilitaciones tuvieron que frenar las actividades por las complicaciones logísticas que ocasionó el inicio de la pandemia de covid-19 y las consecuentes restricciones sanitarias.

Pero los avances de la exploración offshore no fueron sencillos en el último tiempo, en especial en la ubicación geográfica de La Costa. El Gobierno intentó proseguir en un proyecto para investigar fuentes de recursos naturales sobre las costas del Mar Argentino, con la promesa de que esto generaría producción de divisas y que no impactaría ambientalmente en los vecinos y turistas ligados a Mar del Plata y otros sectores.

El municipio de General Pueyrredón, a cargo del macrista Guillermo Montenegro, se opuso públciamente a este proyecto y realizó presentaciones para frenar las operaciones. En el medio, existieron manifestaciones, reuniones, opiniones y análisis tanto de espacios a favor de la medida como en contra del avance.

La cuenta de Greenpeace Argentina fue la primera en oponerse al proyecto. De hecho, fueron los que potenciaron las movilizaciones en Mar del Plata y otros puntos principales de La Costa argentina. Desde el lado comercial, muchos sectores avalaron la iniciativa del Gobierno. Uno de ellos fue la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina, asegurando que "es una oportunidad para el desarrollo y crecimiento".

Uno de las últimas noticias sobre este acto fue la alineación sindical con este proyecto que, según voceros de esos sectores, generaría una gran cantidad de puestos de trabajo. Además, señalan que la exploración offshore es una actividad que se viene desarrollando hace tiempo en el país y en sectores todavía más comprometidos.

Al respecto, varios vecinos mostraron su enérgico repudio. En Mar del Plata, manifestantes "anti offshore" escracharon a la representación de la CGT en el distrito y tildaron a los dirigentes de "traidores". 

Hace poco, lanzó una consulta popular oficial en sus redes sociales para que la ciudadanía exprese su posicionamiento sobre la exploración offshore, bajo el proyecto "Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área CAN 102". Todavía quedan 11 días para dar opiniones, pero ya hay más de un 90% de voces en contra.

La mirada de científicos del CONICET

Así como hay sectores ambientalistas ligados al ámbito local, también hay especialistas que advierten los riesgos de que las petroleras irrumpan en el Mar Argentino para hacer una exploración que, según su óptica, podría generar daños ambientales irreparables.

Al respecto, esta semana hubo una charla en Necochea con expertos del CONICET. La encabezaron, Luciano Valezuela, biólogo e investigador, Valeria Elichiry, antropóloga y becaria doctoral, Ornela Barrone Zalloco (diseñadora en Comunicación Visual y becaria doctoral y Luciana Nogueira, psicóloga becaria posdoctoral.

Tres de los especialistas conversaron con Data Clave. Las preguntas en todos los casos estuvieron orientadas a los siguientes tópicos: consecuencias de la exploración offshore, la veracidad -o no- de los argumentos del Gobierno, los puntos peligrosos del último proyecto que revolucionó La Costa, experiencias que hayan salido mal en otros países y presuntas alternativas para explotar otros recursos renovables que no generen impacto ambiental como el petróleo.

Sobre el primer punto, Nogueira, psicóloga y becaria, plantea que las consecuencias serían varias, entre ellas "el daño ecológico a la fauna y al ecosistema marino que ya provoca la exploración sísmica, y la contaminación de los ambientes costeros que implicarían los derrames (que se predicen con un porcentaje cercano al 100% de posibilidades)". A su vez, contraargumentando la posición del Gobierno de "generar divisas frescas", la experta manifiesta que "esto impactaría en otros sectores económicos locales, como la pesca y el turismo, que sin desconocer la explotación y precarización laboral que impera en estos sectores, sabemos que hacen a la subsistencia de miles de familias de trabajadores". 

Luciano Valezuela, biólogo y con un perfil más técnico sobre este aspeco, le dice a Data Clave que "los efectos negativos de la prospección sísmica mediante sondeos acústicos con niveles sonoros de alta intensidad pueden ser muy graves para las diferentes especies que habitan o frecuentan el gran área de exploración, desde las pequeños zooplancton en invertebrados marinos o incluso huevos de peces, hasta los grandes animales como elefantes marinos o ballenas". También explica que "la presencia de plataformas petroleras de grandes profundidades traen aparejada las posibilidades de derrames petroleros y la contaminación directa del ambiente".

"Estas dos fases pueden tener impactos negativos en el ecosistema que se reflejan directamente en las economías locales, tanto sea en el turismo, por ejemplo el avistaje de ballenas, como en el reclutamiento (nacimiento) de especies de peces de importancia comercial", agrega.

Valeria Elichiry, antropóloga y becaria, completa: "A las consecuencias socioambientales y económicas mencionadas creo que se agrega la falta de cumplimiento de las disposiciones de nuestra normativa actual con respecto a temáticas ambientales, como la Ley General de Ambiente y la reciente adhesión al Acuerdo Escazú. Ambas normativas refieren al derecho de la ciudadanía al acceso a la información, a la opinión y participación en la toma de decisiones, y al acceso a herramientas legales en el caso del Acuerdo. La desestimación de las decisiones democráticas y populares (sobre todo de la ciudadanía de los propios territorios en donde se pretende desarrollar el emprendimiento hidrocarburífero) -como el 95% de participación en la Audiencia Pública que expresó su rechazo al proyecto y fue plenamente desestimado y las movilizaciones permanentes de nuestra ciudad- me parece otra consecuencia grave".

¿Son convincentes los argumentos del Gobierno sobre la transición de métodos convencionales a novedosos que limiten la contaminación?

Esto respondieron los especialistas:

Luciana Nogueira: "De ninguna manera. Son promesas de “mitigación” que se contradicen con la evidencia de lo que ha sucedido en otros países en donde ya se practica la explotación petrolera off-shore".

Luciano Valenzuela: "Los argumentos no son convincentes. Se habla de mitigación, es decir de tratar de suavizar los impactos que esta actividad va a traer, y la realidad es que las playas de la costa de la Provincia de Buenos Aires ya están sufriendo de deterioro ambiental, de erosión y de pérdida de la biodiversidad. Sumarle un impacto negativo tan grande pondría en fuerte detrimentos para estos ecosistemas y para las economías que dependen de ellos".

Valeria Elichiry: "La evidencia actual proveniente de distintos informes y estudios de especialistas en distintas ramas de la ciencia, con injerencia directa en el desarrollo que se pretende hacer, contradice los argumentos que niegan la contaminación y los otros perjuicios… Por lo tanto, no son convincentes (Informe de Blanco, Keesler y Giuliodori, Evaluación de la probabilidad de ocurrencia de derrames de petróleo en la plataforma marítima continental argentina; los mismos trabajos de Luciano y otrxs miembrxs del Instituto de Conservación de Ballenas, por nombrar algunos…)".

Los especialistas coinciden en que, por el contrario, "este proyecto consiste en que las empresas obtengan ganancias con la explotación de petróleo a costa de provocar graves daños ecológicos a nivel local y global, que también impactarán en la vida y el ambiente de las poblaciones costeras y sus territorios". Y entienden que las consecuencias se dan "en todas las etapas, desde la exploración sismica hasta la explotación de pozos petroleros a casi 2000 metros de profundidad".

"Recordemos que Argentina no tiene exploración petrolera en aguas profundas o ultra profundas, las profundidades de explotación en las plataformas del sur son de decenas de metros nada más. Esta explotación en pozos tan profundos es muy peligrosa y es mucho más difícil de controlar, que es lo que debería hacer el gobierno argentino", suma Luciano Valenzuela.

En tanto, Valeria Elichiry, agrega que "la alta probabilidad de derrame me parece un punto crítico y también la generación de una falsa ilusión de posibilidades de trabajo en los territorios locales, que se demuestra por otras experiencias que no son ciertas".

Los tres especialistas sostienen que este tipo de trabajo ya contaron con evidencias de proyectos petrolíferos y de exploración que funcionaron mal, principalmente en el accionar de empresas que desarrollaron trabajos en Estados Unidos y Brasil. "Un caso muy reciente fue el del Golfo de México, que se produjo durante la audiencia pública enmarcada en el proyecto Equinor en julio de 2021", agregan.

De acuerdo a los tres especialistas, existen alternativas que pueden ayudar a Argentina en el maldito contexto de tener que generar dólares a contrarreloj para cumplir los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La transición energética de la cual se habla debe ser iniciada ahora, no usar la excusa de que se necesitan dólares para comprar paneles solares para toda argentina. Los paneles solares para todo el país tampoco son una solución, la transición energética debe contemplar las economías, las capacidades y los recursos locales, debe diversificar la generación de energía (eólica, solar, geotérmica, biomass, etc) en distintas escalas en nuestro heterogéneo país y debe contemplar también el apoyo a la mejora en la distribución de energía y en hacer mas eficiente el uso de la misma", cierra Luciano Valenzuela.

Luciana Nogueira, se suma al comentario: "Más allá de que existen otras formas de generar energía, hay que problematizar la decisión política de continuar con este modelo extractivista y destructivo de la naturaleza orientado por las ganancias de las grandes empresas. Y también poner en primer reclamo la perspectiva democrática: la falta de licencia social para aceptar este modelo y este tipo de proyectos, como el de la empresa, Equinor es clara; son cada vez más numerosas las movilizaciones que en todo el mundo y en particular en nuestro país se están desarrollando en oposición".

Por último, Valeria Elichiry, cierra: "Considero que más allá de pensar en formas alternativas de obtención de energía, que como mencionaron Luciana y Luciano, que sin ser especialista se que hay experiencias en funcionamiento en otros lugares del mundo, creo que es tan importante como eso indagar en el destino de la producción de energía y en las necesidades reales de los territorios. La magnitud de la energía que se produce, ¿está orientada a satisfacer qué necesidades? ¿Cómo puede haber en 2022 carencias energéticas vinculadas a necesidades básicas como el acceso a la luz, e incluso hoy internet, en ciertos sectores de la sociedad? ¿El tipo de proyectos como el que estamos discutiendo está pensado para solucionar esas necesidades? Creo que es muy importante promover ese tipo de inquietudes en territorios con escalas que desde la ciudadanía, con apoyo de los diversos conocimientos científicos presentes, podemos evaluar y pensar colectivamente".

"Me parece importante empezar a reflexionar el tema energético y otros temas también, de forma situada pensando en posibilidades reales y contextualizadas en vínculo con las configuraciones sociales de los propios territorios; no importar modelos ajenos ni plantear proyectos anacrónicos con múltiples evidencias de los desastres antrópicos y no antrópicos que puede generar", concluye.

Cómo sigue la causa judicial

A poco de autorizar la exploración a inicios de 2022, el Gobierno sufrió una medida cautelar que le impidió avanzar en la exploración offshore en las costas de la ciudad, con los servicios de la empresa Equinor.

Ante esto, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la cartera de Desarrollo Productivo que preside Matías Kulfas, apelaron la medida en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata y aseguraron que el juez de turno, Santiago Martín, realizó una "paupérrima valoración" de los puntos de la iniciativa offshore.

Explicaron que la exploración de hidrocarburos "que tanto preocupa al juez de grado" consiste en "la realización de los estudios pertinentes para buscar y localizar las posibles acumulaciones de hidrocarburos existentes en el subsuelo, mediante investigaciones y operaciones necesarias basadas en estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, que permiten seleccionar el lugar que se considere más idóneo para perforar un pozo exploratorio. Todo esto enmarcado en leyes ambientales y territoriales que garanticen el respeto al entorno y el cuidado del medio ambiente". 

El Gobierno planteó también la recusación del juez actuante por "manifiesta vinculación con principales actores" que promueven la cautelar que frenó la actividad. Argumentaron que "la imparcialidad judicial es una garantía básica de nuestro sistema republicano y su debilitamiento socava las instituciones de la Nación y la confianza de los justiciables en la objetividad de los integrantes del Poder Judicial". 

Al respecto, la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó a Santiago Martín en la causa al argumentar que no se concibe lo presentado por el Gobierno nacional y considerar que no hubo ningún tipo de situación que pudiera afectar la imparcialidad que tiene que tener un magistrado.

No obstante, la Cámara marcó al juez que debe actuar con imparcialidad y “abstenerse de generar situaciones confusas que pudieran suscitar planteos recusatorios inapropiados generando un desgaste jurisdiccional innecesario; tal lo sucedido en las presentes actuaciones”.

Al respecto, en un fallo del 22 de marzo, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dictaminó en consonancia con la sentencia apelada de mantener la suspensión de las actividades al ponderar los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra suscripto para preservar el medio ambiente.

En la presentación explicó que la exploración de hidrocarburos consiste en "la realización de los estudios pertinentes para buscar y localizar las posibles acumulaciones de hidrocarburos existentes en el subsuelo, mediante investigaciones y operaciones necesarias basadas en estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, que permiten seleccionar el lugar que se considere más idóneo para perforar un pozo exploratorio. Todo esto enmarcado en leyes ambientales y territoriales que garanticen el respeto al entorno y el cuidado del medio ambiente". 

Adler se refirió también a la afectación que podrían tener la fauna marina: "Ha quedado allí expuesto el cúmulo de riesgos desconocidos para al menos algunas especies marinas; la falta de certezas científicas también expuestas en distintos pasajes del EIA sobre las consecuencias de la prospección en la zona abisal comprendida por las áreas de exploración, sumado a las observaciones en el informe posterior de las alegadas falencias que habrían existido en la comunicación previa a la Audiencia Público celebrada oportunamente. Todo ello, permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha".

Con el dictamen del juez y las presentaciones de la empresa Equinor dando su versión de los hechos sobre un no impacto ambiental en sus tareas, ahora será la Cámara Federal de Mar del Plata la que deberá definir si se mantiene en vigencia la cautelar que prohíbe la exploración offshore, una decisión que está en condiciones de resolverlo aproximadamente desde hace un mes.