Los datos de la recaudación fiscal de marzo conocidos la semana pasada brindan una oportunidad inusualmente clara para ver los tres límites más relevantes que enfrenta el gobierno hoy: i) la voluntad de levantar el cepo cambiario sin comprometer el ancla fiscal, ii) revertir la caída del nivel de actividad y iii) darle viabilidad política al programa económico sin comprometer el rumbo.

En marzo el impuesto PAIS explicó el 9% de la recaudación total. Pero en relación a los recursos percibidos por el Tesoro Nacional y la Seguridad Social (este tributo no se coparticipa con las provincias) el ratio alcanzó el 13%, muy por encima del promedio de 5% durante 2023. Aun excluyendo la recaudación extraordinaria por BOPREAL, que impactó sólo en febrero y marzo, la dependencia actual de este tributo es inocultable (de 13% que representa incluyendo el efecto del BOPREAL, se reduce a 10% cuando lo quitamos).

La consecuencia macroeconómica es clara: unificar el mercado de cambios hoy equivale a desfinanciar al tesoro nacional. En otras palabras: avanzar hacia la flotación cambiaria implica comprometer el ancla fiscal del cual están atados prácticamente todos los objetivos de la política económica.

Esta perspectiva echa luz sobre la reciente desmentida de parte del equipo económico a una noticia difundida durante el fin de semana largo respecto de la posibilidad de levantar las restricciones. La obtención de USD 15,000 millones (que claramente volverían más fácil la flotación cambiaria) no resuelve el problema del ancla fiscal. Por ello, creemos que el levantamiento de las restricciones y la unificación del mercado de cambios es un objetivo de política que no se concretará en lo inmediato. Esto, como hemos señalado en varios reportes, tiene importantes consecuencias para poder seguir manteniendo el nivel de tasas de interés reales negativas en niveles anormalmente bajos.

El mantenimiento del cepo por más tiempo del previsto dificulta la recuperación económica de mediano plazo. Pero en los datos de marzo hay problemas más urgentes. La recaudación creció 231% en términos interanuales. Si asumimos una inflación de 13% para el último mes, esto implica una caída real de 16.2% en el último año.

La caída en algunos impuestos ligados al mercado interno fue aún mayor. Esto da cuenta de que la recesión, evidenciada por numerosos indicadores adelantados de enero y febrero, continuó profundizándose en marzo. En particular, la recaudación por IVA-DGI -el tributo más importante- se hundió 19.7% anual en términos reales.

Por su parte, la recaudación por Ganancias se desplomó 40.2% a/a en términos reales como consecuencia de la eliminación de la cuarta categoría, lo que conlleva un incentivo para que tanto la Nación como las provincias finalmente lleguen a un acuerdo para su restablecimiento. Pero la misma recesión que erosiona la recaudación fija un límite para el restablecimiento del impuesto a las ganancias, pues el recorte en los ingresos de la clase media derivará en una mayor caída del consumo -lo que a su vez puede retroalimentar la merma en los recursos tributarios.

Todo esto supone un importante riesgo para el ancla fiscal. Una extensión de la recesión agravará la necesidad de una profundización del recorte del gasto que hoy, sin reformas estructurales y por efecto de la licuación se encuentra en su mínima expresión. También, si la inflación continúa desacelerándose, uno de los pilares de los resultados alcanzados hasta ahora (la licuación del gasto) se verá comprometida.

Además de la dimensión macro, la caída más que proporcional en los recursos ligados al mercado interno tiene una dimensión política. El impacto de la recesión económica sobre las provincias es más duro todavía, porque impacta plenamente en los recursos coparticipables, sin el beneficio del boom que hoy registra el impuesto PAIS y los derechos de exportación. 

De hecho, la merma en la recaudación con destino a la Administración Nacional fue de 9.6% mientras que la coparticipación se hundió 23.7% a/a en términos reales. Este resultado también se explica por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, uno de los puntos principales en la negociación con los gobernadores por la Ley Bases.

El dilema del gobierno es elegir entre opciones que son todas desagradables: restablecer el impuesto a las ganancias para conseguir el apoyo de provincias profundizando la recesión, o poner en juego el apoyo político del Congreso a la Ley de Bases apostando a una salida más rápida de la recesión. En ese delicado equilibrio político, transcurrirán las semanas que quedan hasta ver si se concreta el Pacto de Mayo.