Tras la renegociación con los acreedores privados de bonos soberanos, tanto bajo legislación local como extranjera, el último paso que le queda al ministro Martín Guzmán para ordenar el endeudamiento del Estado son los pasivos con organismos multilaterales de crédito.

Se trata de u$s 48.500 millones  de los cuales prácticamente el total – u$s 46.500 millones – es deuda con el FMI. La refinanciación es inexorable ya que se acumulan vencimientos por casi 5.000 millones de dólares para el año próximo y mucho más, cerca de u$s 18.000 millones tanto en 2022 como en 2023, excedentes que de ninguna manera está en condiciones de generar el sector público.

El vínculo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional es mucho más estrecho que lo que podría parecer a simple vista. Tanto es así que el Ministerio de Economía ha facilitado a los técnicos del organismo las planillas con que se está terminando de elaborar el proyecto de presupuesto para 2021.

El tema no es menor ya que la consolidación fiscal – o dicho en criollo, la reducción en el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado – será un tema central de las conversaciones que el país se apresta a encarar con el FMI.

En el Palacio de Hacienda abrigan la esperanza de un Fondo menos rígido en cuanto al ordenamiento de las cuentas fiscales que antaño, pero esto no quiere decir que vayan a dejar de lado el pedido de “ajustes” y más aún para un deudor complicado – y que ha dejado heridos dentro del organismo – como es la Argentina.

Esta semana el país realizó el pedido formal de asistencia financiera al FMI pero sin especificar qué tipo de préstamo. La intención del Palacio de Hacienda es plantear al organismo sus proyecciones, es decir el escenario que se propone para cumplir con los compromisos, pero manteniendo al mismo tiempo “un crecimiento económico inclusivo”.

La estrategia oficial consiste en acordar con el Fondo el programa de asistencia más adecuado para la Argentina y, de esta manera, hacer partícipe de la responsabilidad al organismo.

A diferencia de lo que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri - abiertamente apoyado por el Fondo (pese al incumplimiento de las metas pactadas con el organismo)-, la posición política de los países que conforman el Directorio del organismo no es tan favorable ahora para la Argentina.

Desde el exterior argumentan que “no es clara” la línea económica de Alberto Fernández y observan decisiones que generan “ruido” como el intento de expropiación de una empresa (Vicentín), los cuestionamientos a las concesionarias de servicios públicos (Edesur, controlada por la estatal italiana Enel) o la declaración de servicio público a las telecomunicaciones (donde conviven los españoles de Telefónica con los norteamericanos de Direct TV, entre otros).

Dicho sea de paso, respecto de esta última decisión, desde la Casa Rosada anticipan que la reglamentación de la medida que regulará a los servicios de internet, telefonía y televisión por cable servirá para llevar tranquilidad al sector privado, ya que “el régimen no es tan severo como dicen”. Aclaran que el cambio sustancial consiste en que “tendrán que solicitar permiso, como lo hacen las empresas de medicina prepaga, para establecer aumentos pero para los planes básicos”, explicó a Data Clave una alta fuente oficial. Además, recuerdan que durante el gobierno de Cristina Kirchner ya habían sido declarados servicios públicos, medida que fue derogada por el gobierno de Macri.

Volviendo a la negociación con el FMI, una cuestión a tener en cuenta es que los Estados Unidos tienen un peso decisivo en el Fondo y que la relación entre Fernández y el presidente Donald Trump no pasa por su mejor momento. Al respecto, el gobierno argentino está enfrentado con la administración norteamericana por su intención de, rompiendo con la tradición, imponer a un estadounidense al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, sillón que siempre estuvo reservado para nacidos al sur del río Colorado.

Tampoco deben desestimarse las secuelas que viene dejando la Argentina en el staff del Fondo por su carácter de deudor “rebelde”, según comentan en Washington. Tanto el default del país a comienzos del milenio como el actual incumplimiento implicaron el desplazamiento de los técnicos que tuvieron a su cargo las negociaciones directas con la Argentina y críticas a la más alta conducción, como las que recibiera Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental.

En lo que algunos consideran buenos reflejos, la anterior cabeza del organismo, Christine Lagard, abandonó su cargo antes de que la economía argentina desbarrancara, para pasar a presidir al Banco Central Europeo.      

Por la magnitud de los pasivos y el plazo (amplio) de pago que requiere la Argentina, en medios internacionales se comenta que seguramente el país deba requerir un crédito de facilidades extendidas, es decir una modalidad que implicaría asumir reformas estructurales. Históricamente el Fondo vino bregando por cambios nada populares, como la modificación del sistema jubilatorio.

Así, los condicionantes políticos se presentan como uno de los mayores problemas para el actual Gobierno y más si se tiene en cuenta que deberá negociar en un contexto electoral, ya que el año que viene se llevarán a cabo las votaciones de medio término.

Al respecto, un experimentado político señaló a Data Clave que el peronismo deberá negociar y gobernar en condiciones que nada tienen que ver con las que recibió en anteriores administraciones. “No tiene tierra arrasada como cuando asumieron (Carlos) Menem tras la salida de (Raúl) Alfonsín o (Eduardo) Duhalde, tras Fernando de la Rúa, ni el oro que tenía Perón o los recursos que le llovieron a (Néstor) Kirchner por la suba de las materias primas y encima, pese a todos sus defectos, tienen enfrente un partido de oposición” (por Juntos por el Cambio).

Además, la sociedad está más activa. Antes, las protestas eran lideradas por la dirigencia política u organizaciones sociales, coinciden tanto en la oposición como en el oficialismo, en cambio hoy “la gente no duda en manifestarse cuando algo no le gusta”. 

La brecha que preocupa: el dólar

En medios del mercado de cambios se considera “insostenible” la continuidad de la amplia brecha que separa al dólar oficial de sus versiones alternativas (del orden de 80%) y la pérdida de reservas del Banco Central. En los últimos meses el Banco Central perdió más de 4.000 millones de dólares de sus reservas netas; en la actualidad se ubicarían en unos 9.500 millones de dólares según cálculos privados – escasos tres meses de importaciones -.

Desde el Gobierno se descartó la posibilidad de nuevos controles de cambios, particularmente restricciones adicionales a la compra de 200 dólares mensuales autorizadas para ahorro. Al respecto, esta compra por parte de particulares no cesa, en julio unas 3.900.000 personas adquirieron 753 millones de dólares, es decir la mitad del superávit comercial.

En la conducción económica se señala que el Banco Central dispone de bonos soberanos que, después del canje, podrían valer cerca de u$s8.000 millones y que le permitirían intervenir el dólar contado con liquidación regulando los valores alternativos de la divisa. Pero, en el mercado de cambios se planten dudas en cuanto a que la suba del dólar pueda calmarse sólo por esta vía.

Al respecto se anticipa que los próximos meses pueden ser complicados desde el punto de vista de la disposición de dólares.

Hoy el superávit comercial es importante, del orden de los u$s1.500 millones mensuales, pero es de prever que este excedente tenderá a reducirse por el aumento en las importaciones que provocará la esperada recuperación de la actividad económica. Asimismo, a medida que ceda el confinamiento empezará a haber turismo al exterior con el consiguiente drenaje de divisas.

Y también puede aparecer algún cisne negro. Un informe de la Fundación Mediterránea advierte que los principales centros de predicción climática del mundo coinciden en un aumento de la probabilidad de tener un evento climático Niña en los próximos meses, que usualmente conlleva menores lluvias para la región pampeana argentina.

Cabe recordar que los últimos dos traspiés fuertes de la producción de granos de verano del país (campañas 2008/2009 y 2017/2018, con ajustes del 35% y 26% respectivamente de los volúmenes) se dieron en fases Niña (de diferente intensidad) con la consiguiente pérdida de divisas por el menor saldo exportable del campo.

En este contexto, se teme que la gran emisión de pesos que tuvo que realizar el Gobierno para atender las necesidades del Tesoro pueda provocar nuevas tensiones. En números redondos, en lo que va del año el Banco Central emitió cerca de 1,5 billones de pesos para cubrir el déficit pero cerca de 1 billón se absorbió a través de la colocación de pases y Leliqs que a su vez se financiaron con un aumento en los depósitos.

La suba en la cantidad de efectivo en poder del público y de los depósitos bancarios fue motivada por razones precautorias derivadas de los temores que provocó el coronavirus. Es de esperar que en tanto tienda a normalizarse la situación, se registre un mayor interés de los particulares por desprenderse de los pesos. Y más si el público percibe que la inflación es creciente.

En este sentido, la mayoría de los analistas coinciden en que los próximos meses se producirá una aceleración de los índices. En lo inmediato, y por citar sólo dos mediciones, Ecolatina estima que el costo de vida subirá 2,7% en agosto (contra 1,9% en julio) mientras que FIEL calcula que la inflación núcleo se sitúa en 3%.

En el Gobierno insisten en que la regulación del tipo de cambio se realiza a través de tres instrumentos: la devaluación del dólar oficial, la tasa de interés y los controles en el movimiento de capitales. En el mercado se estima que probablemente tendrá que ajustar estas tres variables para intentar reducir la brecha entre el dólar oficial y sus versiones alternativas.

Señales del plan económico

Se considera que el Gobierno deberá también empezar a dar señales en cuanto a su grado de compromiso con la consolidación fiscal para “aquietar los ánimos del mercado”.

En este sentido, el 15 de septiembre está previsto que se presenten al Parlamento dos iniciativas clave: el proyecto de presupuesto para el año que viene y la reforma impositiva.

Con relación a las cuentas fiscales para el año que viene, desde despachos oficiales se advierte que difícilmente se pueda lograr una gran reducción del déficit el año próximo.

En la actualidad el gobierno proyecta que el desequilibrio primario (antes del pago de intereses) rondará los 7 puntos del PBI, y “no vamos a poder bajarlo a 1,5 ó 2% como nos hubiera gustado” sostienen en el Palacio de Hacienda, ya que el año que viene el Estado deberá seguir asistiendo a los sectores afectados por la crisis económica desatada por el coronavirus.

La cuestión es cuánto esfuerzo fiscal se intentará realizar en 2021. Analistas consideran que el Fondo Monetario Internacional previsiblemente demandará un recorte del desequilibrio a por lo menos la mitad, en tanto que los números del Gobierno ubicarían el déficit en torno de 4%.

De confirmarse esta intención se daría una reducción del gasto “moderada” según analistas privados, pero igualmente significativa como para enviar una señal al mercado en cuanto a la vocación del Palacio de Hacienda de ir poniendo en orden las cuentas.

En cuanto a la Reforma Impositiva, la intención declarada de las autoridades no es una disminución general de la carga tributaria, como espera el sector privado, sino una simplificación y un esquema más equitativo.

En particular, se propondrá una reducción en el número de tributos que pagan las pymes. De una madeja de más de 160 tributos, el proyecto oficial contempla reducir a 5 los impuestos. También se intentará desarmar gravámenes distorsivos como ingresos brutos o tasas municipales, invitando a las provincias a adherir a un nuevo esquema.

En lo esencial, la reforma también contempla que “los que más tienen paguen más”. Dicho de otra forma, analistas privados consideran que la intención del Gobierno es aumentar la recaudación, ampliando también la base de contribuyentes.

Al respecto, ya ingresó al Parlamento el Proyecto de Ley “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Esta iniciativa ya generó polémica y dudas respecto a si es constitucional. Expertos observan errores e inconsistencias y algunos lo consideran “confiscatorio”. Con todo, desde la Casa Rosada confían en que los poseedores de “grandes fortunas” no saldrán a manifestar su rechazo.