Secretos de la Casa Rosada: un sainete que recién comienza

Una investigación reciente del Fondo Monetario Internacional analiza el efecto de cinco pandemias, incluidas el ébola, el Sars (síndrome respiratorio agudo) y la fiebre del zika, en 133 países desde 2001, y encuentra que una de las consecuencias fue que produjeron un aumento significativo de los disturbios sociales. Así lo señala un artículo de la última edición de la revista The Economist en donde explica que estos fenómenos de agitación responden a que las pandemias exponen y acentúan las desigualdades preexistentes, lo que lleva a los desfavorecidos a buscar una reparación. Uno de los casos más llamativos: el ébola, en 2013-16, aumentó la violencia civil en África occidental en un 40%.

Precisamente, la sombra de la reacción popular pone un freno a las decisiones gubernamentales en cuanto a las medidas necesarias para el control del coronavirus.

Si se tomara en cuenta sólo la situación sanitaria, la recomendación de los especialistas de “cerrar todo” parece ser la más acertada. Cabe tener en cuenta que se ha duplicado la cantidad de contagios respecto del pico del año pasado en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la ocupación de camas de terapia intensiva aumenta de forma vertical y se suman problemas nuevos como la falta de oxígeno.

Pero, por más que “la situación es desastrosa”, según advierten las autoridades de la provincia de Buenos Aires, ni la economía ni la sociedad parecen hoy en condiciones de resistir un retorno a un aislamiento estricto. El año pasado, el Gobierno extremó el encierro y la economía se desplomó casi 10% con un enorme costo económico y  anímico de la gran mayoría de la población, antecedente que inhibe la repetición de medidas draconianas.

En paralelo, y no es un tema menor, la palabra oficial se ha ido depreciando. Por un lado, por la falta de resultados, al menos con relación a las promesas oficiales. El presidente Alberto Fernández anunció el 10 de diciembre pasado que 10 millones de personas estarían inmunizadas entre enero y febrero. Dos meses después, la cantidad de vacunados no alcanza a 8 millones.

Y también gravita el mal ejemplo, ya que mientras las autoridades demandan a la población aislamiento, desde el Gobierno se organizaron velorios masivos como el de Diego Maradona, importantes funcionarios se mostraron organizando asados o, más recientemente, concurrieron a despedir los restos del ex ministro de Transporte, Mario Meoni, una posibilidad que está vedada para la gente común, como si el dolor de los políticos fuera más importante que el sufrimiento del resto. Ni que hablar del escándalo de la vacunación a funcionarios y amigos del poder en detrimento de los sectores más expuestos.

Antes de renovar las restricciones por el Covid 19, el presidente Fernández optó por escuchar a todos, “médicos, especialistas en educación, pediatras, gobernadores, entre otros”, sostienen en su entorno, y luego tomó la decisión de mantener todas las medidas ya conocidas.

Alberto Fernández hizo valer su criterio y, en sintonía con las quejas presidenciales de que “no había mucho control”, decidió tomar el toro por las astas y recurrir al Congreso con un proyecto de ley para tener las manos libres a los efectos de aplicar las medidas que le parezcan necesarias frente a la pandemia.

Este proyecto provocó la inmediata reacción de la oposición que acusó a Fernández de querer sumar al Poder Legislativo para condicionar posibles cuestionamientos del Poder Judicial. En cambio, algunos gobernadores no verían con desagrado la iniciativa; este sería el caso de Gildo Insfrán cuya férrea vigilancia en Formosa fue limitada por orden judicial.

En tanto, las medidas anunciadas el viernes no conformaron a la provincia de Buenos Aires. Critican, por ejemplo, que el Gobierno nacional no implemente un nuevo re empadronamiento de los trabajadores esenciales. “Sabemos hace tiempo que hay muchos permisos truchos”, argumentan.

A pesar de contar con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, en el gobierno nacional se comenta que se decidió no realizar el re empadronamiento porque afectaría a la economía. Es que los trabajadores que están en negro son los que disponen esos permisos “truchos” y con el re empadronamiento podrían quedar fuera del circuito laboral – históricamente 35% de los trabajadores estaban en negro, porcentaje que hoy tal vez sea superior -.

Medidas y control light

La realidad es que las medidas adoptadas dos semanas atrás se aplicaron de manera ligera. No sólo porque las autoridades nacionales, provinciales y municipales saben de las limitaciones que enfrentan para hacerlas cumplir, por lo antes señalado, sino también porque los encargados de aplicar las sanciones perciben que no pocos sectores de la sociedad que “están en el límite entre la tolerancia y la reacción violenta”, según confesó a Data Clave un inspector municipal.

Con todo, disposiciones como el cierre de las actividades a partir de las 20 horas sirvieron al menos para frenar la suba de los contagios en el AMBA.  

En este escenario, los epidemiólogos señalan que no hay certezas en cuanto a que pueda evitarse un colapso del sistema sanitario, al menos en los sectores más afectados del conurbano. Y esta perspectiva lleva a que desde la política se planteen interrogantes en torno de la situación institucional.

Victoria pírrica

A pesar del aumento de los casos y de la preocupación porque lo “peor aún está por llegar” como alertan los especialistas, el anuncio presidencial mantuvo las medidas anteriores. “Pesó más la economía” argumentan en la Casa Rosada y en esa línea de pensamiento se comprende la decisión de anunciar  el mismo día el aumento del 9%  las tarifas de luz.

En la casa Rosada dicen que imperó la mirada económica de Martin Guzmán. Es que el ministro de Economía volvió de su periplo europeo “con poco apoyo y mucho reclamo”.

Resulta que a expertos internacionales no se les puede ir a explicar que “el presupuesto 2021 es el plan económico” cuando es bastante claro que difícilmente se pueda cumplir.

“La única bala que le queda a Guzmán es el acuerdo con el FMI” argumentan en los mercados, en tanto otros más escépticos incluso dudan si con esto se evitaría un escenario macroeconómico muy complicado.

Por esta causa es que Alberto Fernández tuvo muy en cuenta privilegiar la actividad y también resolvió mostrar cierto cuidado de las cuentas públicas, con la suba de tarifas ya publicada en el Boletín Oficial, cuestión de no dar marcha atrás. La decisión se tomó a pesar de la oposición de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que no quiere correcciones significativas en este año electoral.

Lo que algunos llaman puertas adentro de el “triunfo de Martín Guzmán sobre Cristina Kirchner” otros lo ven como “una victoria pírrica”.

El sainete de la ¿salida? del subsecretario de Energía, Federico Basualdo comenzó cuando el ministro de Economía solicitó a Energía un esquema de ajustes tarifario, a su retorno del viaje a Europa.

Cansado de no tener respuesta, Guzmán fue primero al jefe de gabinete, Santiago Cafiero y luego al presidente Alberto Fernández para establecer dos aumentos tarifarios y pedir la “cabeza” del funcionario que osó no atender su pedido.

“Fue atacar al corazón de Cristina” argumentan en el entorno de la vicepresidenta. De hecho, por la mañana del viernes en la Casa Rosada se comentaba que el subsecretario había sido desplazado de su cargo (aunque no se produciría su salida) al tiempo que se confirmaba el aumento tarifario. Sin embargo, durante toda la tarde de ese día, desde el kirchnerismo duro desmintieron la información.

Fueron más allá al negar que se fueran a implementar dos aumentos tarifarios. “Basualdo sostiene que, en el marco de la pandemia, el aumento nunca podía llegar a los dos dígitos”, argumentan. La razón es clara, según la visión del Instituto Patria: “Se fundamenta en la difícil situación que atraviesa la Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires”. Para luego enfatizar que “en ese sentido habrá UN SOLO incremento del 8%. Es falsa la versión de un segundo aumento” y dando casi una orden presidencial aventuraban “en las próximas horas se dará a conocer de manera oficial esta medida”.

Resultado, esta “orden” mediática al Poder Ejecutivo aumentó la tensión al punto que por la noche de eses agitado viernes, desde la Casa Rosada se dio a conocer que el aumento de tarifas seguía en pie y que “el que gobierna es el presidente”. En el medio, como si la economía no tuviera suficientes sinsabores, Guzmán -vía medios- deslizaba que “renunciaría” si no se avalaba su posición.

Al cierre de esta edición, desde las filas del kirchnerismo afirman que “el tema no está cerrado”, dando a entender que tendrá sus consecuencias. Es importante señalar que Basualdo es un colaborador de la absoluta confianza de la vice presidenta.

Este episodio desnudó la diferencia de diagnóstico que existe entre el ala “albertista” y “el Instituto Patria”. Es que, si bien, ambos comparten el objetivo de ganar las elecciones de medio término, en las filas de La Campora ven con preocupación que la situación social y económica es frágil. En tanto, en la Casa Rosada prima el diagnostico de Guzmán, funcionario que valoran y respetan, pese a que hubo un tiempo en el que le cuestionaron “su cercanía a la vice presidenta”.

Ahora, esto cambió: desde el entorno de Cristina argumentan –con dureza- que “Guzmán sólo quiere arreglar con el FMI y no le importa si se muere la gente”.

Algunos mal pensados incluso dicen que todo el sainete con Basualdo fue forzado para que, cuando eventualmente Guzmán plantee su salida, puede afirmar “vieron, es que no pude aplicar las medidas necesarias”. Y, sostienen que Guzmán en realidad se quiere ir porque no logra bajar la inflación, un tema crucial para ganar las elecciones.

Es por esto que se cree que el tema de Basualdo deja expuestas las tensiones que vendrán y que afectarán aún más la delicada situación de la economía.