Esta vez no hubo sorpresas: la inflación de agosto alcanzó los dos dígitos tras la devaluación de 22% el día después de las PASO. En efecto, el Índice de Precios al Consumidor de agosto marcó un incremento de 12.4%, unas décimas por encima de las expectativas del mercado que lo estimaban entre 11 y 12%. En los últimos 12 meses alcanzó el 124.4%. Y las expectativas para los próximos meses no son buenas: septiembre contará con el fuerte arrastre de agosto, y la nueva y reforzada versión del “plan platita” augura un empeoramiento de la dinámica inflacionaria. La pesada herencia de la próxima gestión se acrecentará con el pasar de los meses.

La novedad es que la velocidad del traspaso a precios no tuvo precedentes. Cuatro meses luego de la salida de la Convertibilidad en enero de 2002, el tipo de cambio promediaba 2.85 pesos (un aumento de 185%) y la inflación acumulada hasta entonces era de 21%, tras el salto de 10.4% en abril de ese año. Es decir, el pasaje a precios (pass-through) acumulado hasta entonces era de 11.4%. 

En agosto pasado, algunos rubros como carnes, verduras y medicamentos reflejaron casi plenamente el efecto de la devaluación (pass-through cercano al 100%). Para fines de este mes o principios del siguiente, toda la ganancia en términos de tipo de cambio real habrá sido licuada.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron la mayor suba (15.6%), y a su vez, la mayor incidencia: explicaron 4.55 p.p. de la inflación de agosto. Este dato es no menor, porque determina el incremento de la canasta básica (que a su vez delimita la línea de pobreza e indigencia) y es políticamente difícil de digerir para un gobierno que en las primarias obtuvo menos del 30% de los votos.

La aceleración inflacionaria marcó la agenda del oficialismo, que la semana pasada dio a conocer un conjunto de medidas que se suman al ya conocido “plan platita 2.0” con el objetivo de compensar el deterioro de los ingresos de la población. Precisamente, el ministro Sergio Massa oficializó: i) el incremento del piso mínimo para pagar impuesto a las ganancias hasta los $1,770,000, y ii) la devolución del IVA para compras de bienes de la canasta básica por hasta $18,800 mensuales. Paradójicamente, la respuesta oficial promete una mayor presión sobre la inflación futura.

Al igual que el paquete conocido como el “plan platita 2.0” hace tres semanas, las medidas anunciadas se caracterizan por tener un alcance amplio, estar muy concentradas en el tiempo y apuntalar fundamentalmente a la demanda. En particular, la devolución del IVA tiene un impacto directo sobre algo más de 11 millones de personas y su costo fiscal potencial es de 0.35% del PBI para los próximos tres meses. 

La eliminación de Ganancias impacta en una minoría (apenas 612,000 personas) y el costo esperado para estos meses es de 0.15% del PBI, aunque para el sector público nacional es considerablemente menor, dado que un 65% de lo recaudado por este impuesto se coparticipa con provincias y la ANSES. Si además tenemos en cuenta lo anunciado previamente, el alcance potencial del shock de estímulo fiscal sería de aproximadamente 1% del PBI.

En la misma línea, el gobierno formalizó el congelamiento de precios hasta fin de octubre de medicamentos, prepagas, combustibles y pan, entre otros, que se suman al acuerdo de ajustes del 5% mensual (bien por debajo de la inflación general) para más de 50,000 productos por 90 días.

En este contexto, y a pesar de la suba de los medicamentos, los precios regulados (8.3% m/m), aumentaron por debajo de la inflación general y de la núcleo en particular, en especial las tarifas, que en el Gran Buenos Aires tuvieron una actualización promedio de sólo 3.1% tras la audiencia pública realizada un mes atrás.

Esta situación profundiza el desfasaje de precios relativos acumulado en los últimos cuatro años. De hecho, desde julio de 2019, cuando el oficialismo de entonces perdió las PASO y decidió congelar las tarifas, los precios de la canasta de bienes y servicios regulados cayeron 37% en relación a los de la canasta núcleo.

Regresar a un nivel de precios relativos “normal” implicaría un ajuste del 58% en los regulados, con un impacto directo en la inflación de al menos 12 puntos. Y la segmentación tarifaria por sí sola no alcanza: hasta julio, la brecha entre el costo de la energía eléctrica y el precio efectivamente pagado por los usuarios era de 126%.

Tras la devaluación, que no estuvo acompañada por un esbozo de plan de estabilización, las expectativas se deterioraron fuertemente, y las últimas medidas no harán más que empeorarlas. De hecho, en la última proyección del REM la expectativa de inflación anual para 2023 tuvo un ajuste de +28.6 puntos y, a 12 meses, el ajuste fue de +42.6 puntos.

La certeza de que la aceleración de que la inflación se seguirá profundizando implica, a su vez, que el efecto de la devaluación del tipo de cambio oficial se licuará en tiempo récord y el tipo de cambio en términos reales volverá a niveles previos al salto cambiario. Y dado el esquema de pagos, el FMI no tiene margen de negociación para forzar una devaluación antes del traspaso de mando, por lo que la dinámica cambiaria dependerá exclusivamente del resultado electoral de octubre o de un eventual ballotage.