El divorcio de la clase política y la gente

En la Casa Rosada se observa una cierta distención. El aumento previsto en el arribo de vacunas despeja la posibilidad de nuevos cierres estrictos y, por lo tanto, permitiría la consolidación de la actividad económica. Este hecho, sumado a las peleas internas de la oposición, alientan la expectativa de un triunfo electoral del oficialismo en los comicios de medio término. Pero no todos están tranquilos: la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner “sigue muy preocupada por la crisis social”, comentan sus allegados.

La ex presidente monitorea permanentemente la situación, particularmente en el conurbano bonaerense. No es extraño que los intendentes reciban llamados, a cualquier hora, de “la Doctora” para interiorizarse de cuestiones como el grado de ayuda que están recibiendo o el panorama sanitario.

Desde ya que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, está ente quienes le reportan continuamente. Debe tenerse en cuenta, según se comenta, que la señora de Kirchner mantiene sospechas sobre la forma en que los movimientos sociales distribuyen las asistencias, organizaciones que a su vez compiten por el control territorial con La Campora, que lidera su hijo Máximo.

Pero a Cristina le preocupa sobre todo el segmento de los sectores de menores ingresos que no están alcanzado por las asistencias estatales, un espectro que va desde personal de restaurantes (ayudantes de cocina, lava copas, mozos, etc.) hasta los dueños de pequeños comercios. En buena medida se trata de un electorado que considera propio y que, a su juicio, no está suficientemente atendido.

La vicepresidente evalúa que el Gran Buenos Aires está sentado sobre un polvorín que puede estallar si se producen errores. En su entorno comentan que tiene siempre muy en cuenta los comentarios que en su momento le hizo la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet en el sentido que una medida que a priori puede no parecer muy grave, como fue el aumento en el precio del transporte en el país trasandino, puede provocar una reacción de alcances impredecibles si se toman en un contexto de malhumor social.

La preocupación por los “desbordes de la calle” no es nueva, es un tema que siempre tuvo muy en cuenta también Néstor Kirchner. Estas cuestiones son las que explican la firme decisión de Cristina de oponerse a aumentos importantes en las tarifas.

Sus más cercanos señalan que “sigue pensando que la gestión del Poder Ejecutivo en distintas áreas deja mucho que desear”. Por esta razón anticipan que “estará cada vez más monitoreando la gestión”.

Papelón

Un caso concreto es la forma en que se manejó la actualización del monotributo, una decisión que afecta en buena medida precisamente a ese segmento de ingresos que está justo por encima de los que reciben los planes sociales y que, dicen, provocó un particular enojo de la señora de Kirchner.

La raíz del problema se remite a una de las primeras medidas del presidente Alberto Fernández que consistió en suspender la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Esta fórmula se utiliza no sólo para determinar las correcciones de distintos pagos que realiza el Estado, sino también para actualizar la tabla del monotributo.

Durante el año pasado el Gobierno dispuso aumentos discrecionales de las jubilaciones -que, dicho sea de paso, permitió recortar los ingresos de la clase pasiva- dejando un vacío por la falta de un índice para actualizar el monotributo en 2021.

Recién el último día de 2020 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley disponiendo que los valores del monotributo se actualizaran 35,3% a partir de enero, en línea con el aumento registrado en el haber mínimo jubilatorio.

No sólo el Ejecutivo se tomó su tiempo, el Congreso convirtió en ley el 8 de abril el reajuste para los monotributistas y recién a fines de mayo la AFIP dispuso la resolución específica con las nuevas tablas y con la decisión de cobrar el retroactivo afectando, según se estima, a casi 4 millones de contribuyentes. 

La determinación de estas deudas impositivas para muchos monotributistas provocó un fuerte rechazo. Las repercusiones negativas llevaron a que el Gobierno decidiera rever la medida y dejar sin efecto las deudas que habían sido informadas a numerosos contribuyentes.

En la Casa Rosada dicen que el presidente Alberto Fernández había sido alertado de este problema semanas atrás por un amigo personal al cual le prometió que se ocuparía de ver el tema, pero las soluciones no aparecieron. Al parecer, fue un llamado de la vicepresidenta la que llevó a una rápida corrección.

En este contexto se explican las versiones que volvieron a circular en cuanto a que Cristina no estaría conforme con el desempeño de Mercedes Marcó del Pont al frente de la AFIP, lugar al que aspira volver Ricardo Echegaray, un hombre de consulta de la vicepresidente. 

Sin resultados

Otro de los temas que desvelan al Poder Ejecutivo y a la vicepresidente es la marcha de la inflación y particularmente la suba en los alimentos.

Las medidas hasta ahora adoptadas brillan por su falta de resultados. Por citar un caso paradigmático, en el mes en que se decidió cerrar las exportaciones de carnes para frenar la suba de precios el efecto fue exactamente el contrario: en mayo los principales cortes de carne vacuna registraron un aumento promedio del 6,1% respecto a abril, según la Cámara de la Industria de la Carne.

Otro intento, la canasta de 70 productos con precios fijos por seis meses y con los valores impresos en los envases debutó con el pie izquierdo ya que, según distintas denuncias, se lanzaron a valores superiores a los que actualmente rigen en el mercado (cosa que no debería extrañar si se pretende mantener medio año los precios congelados en una economía que registra un promedio de inflación cercano a 60% en los últimos meses).

Mientras tanto la inflación de los alimentos sigue sin inmutarse. En la primera semana de junio los precios de estos productos subieron 1,2% semanal. Esto implica una aceleración de 0,4 p.p. en el margen. Con este dato, Eco Go proyecta que la inflación de alimentos del mes en curso alcanzaría 3,7%.

Cuando se desagregan los rubros, se observa que los principales motores de la inflación en alimentos responden a los “frescos”. En los últimos doce meses lo que más aumentó fueron las frutas -124%- seguidas por las carnes rojas -111% - y las verduras -66%-, productos que no están incluidos en la nueva canasta de precios congelados. Desde ya, el Gobierno no encuentra la solución para lograr una baja de los productos frescos.

También llama la atención que las autoridades no pongan más empeño en promover la instalación de huertas familiares. "¿Por qué no utilizar el personal técnico del INTA y las tierras cercanas a los barrios populares para instalar grandes huertas?", se pregunta un dirigente agropecuario.

También la marcha de la inflación, en particular en alimentos, es un tema que se monitorea constantemente desde el Instituto Patria. Allí se  escuchan críticas tanto a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán como del ministro de Producción, Matías Kulfas.

Sobre el primero comentan que “lo único que le importa es quedar bien con el FMI” y que solo se preocupa por su entorno. Al respecto, comentan que ha desarmado de la Secretaria Legal una subsecretaria de Transparencia para darle el cargo de subsecretaria a la “jefa de comunicación” Vera Voskayan (32 años) más conocida por haber sido vacunada junto con Guzmán en el Palacio Hacienda. En tanto, sobre Kulfas insisten en que su área “no funciona” aunque rescatan que “es bien intencionado”.

En todos lados se cuecen…

Las críticas también le caben a la gestión de la oposición. Por caso, el legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, en su momento advirtió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la situación que atraviesan bares notables de la Ciudad de Buenos Aires, como La Puerto Rico que terminó cerrando sus puertas ante la falta de asistencia y no es el único que está al borde del abismo.  

Argumenta que mientras se sub ejecuta el presupuesto, el gobierno de la ciudad lo único que hace es llevar adelante la política “berreta” de hacer pintadas en las calles.

Quienes están desencantados de la política observan críticamente que los mayores esfuerzos del PRO se concentren en las internas para decidir candidatos y repartir puestos de cara a las próximas elecciones, en lugar de atender las cuestiones más urgentes de la gente.

“Ni siquiera se ocupan de corregir los errores que cometieron como la ley de alquileres ideada por Daniel Lipovetzky cuyas regulaciones dan lugar a la insólita situación actual en la que suben los valores de los alquileres y cae simultáneamente el precio de las propiedades porque nadie quiere alquilar”, sostienen en el sector inmobiliario.

Al respecto, se advierten que por la crisis económica muchos inquilinos y propietarios adeudan expensas, impuestos y alquileres. “Esta situación no está siendo tenida en cuenta tanto por el gobierno nacional como el de la CABA”. Más allá del elevado nivel de endeudamiento que se observa en las tarjetas de crédito. “Es gente que se está financiando a tasas siderales (70 al 85%) pero que no tiene otra opción”, reconocen en el sector bancario.

En tanto, el ex presidente Mauricio Macri sigue convencido de que Marcos Peña fue su mejor colaborador, a punto tal que se ha convertido en el “vendedor” más entusiasta entre sus conocidos en el exterior, de los servicios de asesoramiento político que brinda su ex jefe de Gabinete.

Complicándole la vida a la gente

La falta de empatía y visión se traduce también en algunas acciones legislativas que parecen orientadas no a solucionar, sino a crear problemas. Así se interpreta en medios empresarios el proyecto del senador Oscar Parrilli de desandar el sistema que facilita la creación de empresas.

Uno de los autores de la ley, Matías Fernández, a través de las redes explicó que antes de la pandemia Argentina tenía 505.000 empresas con un promedio de 3 empleados; unas 66.000 empresas con 17 empleados de media y 4.800 empresas medianas/grandes con más de 250 empleados. Indicaba que el problema es que en Argentina no nacen empresas formales al ritmo de lo que el país necesita.

De acuerdo a Fernández, la cantidad de empresas por 1.000 habitantes en el país es de 64 en los Estados Unidos, 51en Uruguay sólo 1451 y Argentina. Concluye indicando que “lo que el país necesita es más empresas, no más burocracia”.

El dueño de Globant, Martín Migoya, también expresó su disgusto a través de las redes sociales: “Que pena me da que se esté proyectando en diputados hacerle la vida más complicada a los que quieren comenzar su nueva empresa. Argentina necesita más empresas que creen más trabajo, no más leyes que las impidan”.

En el mismo sentido se pronunció Cristiano Rattazzi, titular de Fiat. A su juicio “dar empleo, invertir, crear futuro, contribuir con impuestos desde el primer día. Eso hacen los emprendedores, las pymes. Hoy más que nunca Argentina necesita apoyarlos”, razones por las cuales también pide que no se retroceda con el régimen simplificado para crear firmas.

Con el apoyo de 17 legisladores del Frente de Todos, la semana pasada la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto de ley que suspende por seis meses la constitución de Sociedades Anónimas por Acciones Simplificadas (SAS).

Cabe recordar que desde el 11 de junio del año pasado, el proyecto impulsado por el senador Oscar Parrilli cuenta con media sanción de la Cámara Alta. El argumento de Parrilli para explicar esta iniciativa fue que era “necesario transparentar y extremar el control sobre la creación de empresas”.

Locura

Pese a todos los desmanejos de la clase política, la gente sigue respetando la institucionalidad. Por más que el presidente posee 27,8% de imagen positiva (cayó 40% desde marzo 2020) y 61,5% de imagen negativa, y pese también a que solo el 25,1% de la población cree que es un presidente fuerte, los ánimos sociales no empujan hacia su renuncia, señala una medición de Giacobbe y Asociados.

La encuesta arroja que el 60,6% dice abiertamente que no le gustaría que Alberto renuncie. Incluso no lo desea la mayor parte de los que se declaran partidarios del Pro o Liberales.

Eso sí, el informe señala que durante la pandemia 21,8% de los encuestados tuvo que recurrir a asistencia psicológica o psiquiátrica. Según Jorge Giacobbe se trata de “un porcentaje tremendamente alto pensando en la cantidad de afectados que no demandan asistencia, entonces quizás nos acerquemos a entender que los argentinos necesitamos escenarios estables”.

Hablando de la situación sanitaria, el viernes finalmente el gobernador Axel Kicilof indicó que AMBA pasa a Fase 3 habilitando la presencialidad en los colegios. Un grupo de padres comenzó el año pasado a reclamar a través de una carta por la educación de sus hijos logrando una importante adhesión. Son expresiones de la sociedad que, ante la falta de respuesta o soluciones por parte de la política, se unen para pelear por un derecho.

Un experimentado dirigente político señalaba a Data Clave que, “cuando la sociedad comienza a percibirse huérfana, el riesgo es que puedan surgir otras fuerzas o líderes carismáticos que la represente” para agregar, “me parece que la gran mayoría de los políticos no están registrando cabalmente lo que ocurre con sus representados”.

Un ejemplo podría ser la enorme manifestación -congregó a 15.000 personas- que el viernes interrumpió el tránsito en el Puente Pueyrredón.

Los reclamos fueron básicamente económicos pero lo llamativo es que, según señalan en el oficialismo, muchos de estas organizaciones tienen como líderes políticos a Emilio Pérsico y el Chino Navarro, ambos integrantes del Gobierno nacional. Finalmente, es decir "fuego amigo".