La primera sala del Tribunal Supremo de Brasil decidió por unanimidad este lunes ratificar la suspensión de los servicios de la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, debido a la negativa persistente de la empresa a acatar múltiples decisiones judiciales. La medida, que comenzó a aplicarse de manera gradual desde el pasado sábado, permanecerá en vigor hasta que la plataforma cumpla con “todas” las sentencias de la corte, las cuales, según el fallo, son vinculantes para “todas las empresas que operan en Brasil”.

El caso fue instruido por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ha sido blanco de críticas y ataques por parte de Musk en su propia plataforma, X, desde que ordenó la suspensión de decenas de perfiles en el marco de investigaciones sobre la difusión masiva de noticias falsas y ataques contra las instituciones democráticas brasileñas. A pesar de las órdenes judiciales y las multas impuestas, calculadas en aproximadamente cuatro millones de dólares, Musk ha ignorado las sentencias y, en un acto de desafío, retiró a sus representantes legales del país, alegando que estaban bajo amenaza de encarcelamiento por parte de De Moraes.

En su voto, respaldado por los otros cuatro magistrados de la sala, De Moraes destacó los “reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales” por parte de la empresa de Musk. El magistrado argumentó que esta conducta busca “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’” en las redes sociales, facilitando la proliferación de discursos extremistas y antidemocráticos.

La suspensión de X no es el único frente de conflicto entre Musk y el sistema judicial brasileño. Starlink, otra empresa del magnate que ofrece servicios de internet por satélite, también se ha negado a cumplir con la suspensión de la red social en el país. Como respuesta, De Moraes ordenó el bloqueo de las cuentas de Starlink en Brasil para garantizar el pago de las multas impuestas a X. A pesar de esta medida, Starlink anunció que no acatará la orden judicial hasta que se levante el bloqueo de sus cuentas, desafiando abiertamente la autoridad judicial.

Este conflicto se produce en un contexto de creciente tensión política en Brasil, en medio de la campaña para las elecciones municipales de octubre próximo. La polarización entre la extrema derecha, liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro, y el progresismo del actual mandatario Lula da Silva, ha intensificado las acusaciones de persecución ideológica. Mientras Bolsonaro condena las sanciones como una “persecución” contra los conservadores, Lula ha defendido la necesidad de que todas las empresas extranjeras respeten las leyes y la justicia brasileña.

La decisión del Supremo Tribunal tiene como objetivo evitar que la campaña electoral se vea inundada de noticias falsas, tal como ocurrió en las presidenciales de 2018, donde la desinformación jugó un papel clave en la polarización política. En ese proceso, fueron desactivados por orden judicial cientos de perfiles en diversas plataformas, en su mayoría vinculados a la extrema derecha y acusados de atacar a las instituciones democráticas.