La jueza Elena Amanda Liberatori, del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, emitió un fallo que anula la resolución que permitió el aumento de la tarifa del subte, la cual había elevado el pasaje a $757 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. La magistrada dio lugar a una acción de amparo presentada por los dirigentes de izquierda Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Patricio del Corro, junto con el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, quienes señalaron la falta de justificación adecuada en los costos incluidos en la nueva tarifa técnica del servicio.

El fallo de la jueza Liberatori ordena que el costo del viaje en subte vuelva a los $397 que regían en diciembre del año pasado. Entre los principales argumentos expuestos, la jueza remarcó la “opacidad” del proceso de ajuste tarifario, criticando la “ausencia de reglamentación sobre los procedimientos para el cálculo de la tarifa técnica, lo que impide la labor de control tanto del Poder Judicial como de los propios usuarios”. Además, Liberatori señaló que varios de los gastos presentados para justificar la suba no tenían relación clara con el servicio de transporte subterráneo.

Uno de los aspectos que destacaron los legisladores es la inclusión de gastos que consideraron improcedentes, como facturas del Automóvil Club Argentino, alquiler de autos de empresas que no operan en la ciudad y otros costos sin descripción detallada. Según la jueza, estos elementos contribuyeron a un incremento desproporcionado de la tarifa para los usuarios, excediendo incluso los niveles inflacionarios reconocidos por el propio gobierno porteño.

A pesar de la contundencia del fallo, la sentencia aún no tendrá un impacto inmediato en los molinetes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, anunció que apelará la decisión, lo que suspende temporalmente los efectos de la resolución judicial. Por lo tanto, el pasaje del subte seguirá costando $757 para aquellos que utilicen la tarjeta SUBE registrada, mientras que el valor para quienes no la tengan registrada se mantendrá en $859.

El amparo había sido presentado debido a la falta de transparencia en el cálculo de la nueva tarifa, una crítica constante de los sectores opositores y sindicales. Entre los fundamentos, los demandantes citaron un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) del año 2017, que ya advertía sobre la falta de reglamentación en torno a los conceptos de "tarifa técnica" y "costo de explotación". Según la jueza Liberatori, estos problemas no fueron subsanados en la resolución que estableció el último aumento, lo que provocó su nulidad.

La anulación de la suba del subte representa un nuevo capítulo en la lucha por la regulación de las tarifas de los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires, donde el transporte es un tema clave para la movilidad de millones de personas. No obstante, mientras se tramita la apelación, el costo del boleto continuará siendo un factor de controversia, tanto en el ámbito judicial como en el político.

El caso ahora pasa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión de Liberatori. Mientras tanto, el debate sobre la justicia de las tarifas del subte sigue abierto, con el foco puesto en la relación entre la tarifa técnica y los costos reales del servicio.