La fiscalía amplió el requerimiento de instrucción en la causa que investiga a más de un centenar de militares argentinos por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas y pidió pesquisar hechos de supuesto abuso sexual y antisemitismo.

La solicitud efectuada por el fiscal federal Marcelo Rapaport, de la ciudad fueguina de Río Grande, donde se tramita el caso, y por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, fue presentada ante la jueza Mariel Borruto.

Los fiscales identificaron 24 nuevos hechos delictivos en función de las pruebas recolectadas en el expediente y calificaron a 22 de ellos como "imposición de torturas" y a 2 como "abuso deshonesto", todos en perjuicio de "soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N°3".

Además, imputaron por esos presuntos delitos a 18 oficiales y suboficiales del Ejército, de los que pidieron su citación a prestar declaración indagatoria, informó la agencia Télam.

En ese contexto, los representantes del Ministerio Público describieron la "actividad de inteligencia sobre los excombatientes y las organizaciones que los nucleaban desde el mismo momento de la rendición e incluso con posterioridad a la vigencia del Estado constitucional, y la acción psicológica ejercida por el aparato represivo estatal durante la guerra", según consignó el portal fiscales.gob.ar.

En el caso particular del RIMec N°3, los fiscales sostuvieron que se produjeron torturas consistentes en "la inmersión en aguas heladas y el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío", y agregaron que esos tormentos "fueron la respuesta que dieron los superiores ante los reclamos por los padecimientos que generaron, fundamentalmente, la falta de abrigo y comida de la tropa".

Sobre el antisemitismo dentro de las Fuerzas Armadas durante la época del conflicto bélico, el documento cita el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) presentado en 1984, donde se destacó que durante el terrorismo de Estado los individuos detenidos en centros clandestinos cuyos apellidos eran de origen judío estuvieron expuestos a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura.

"Particularmente en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores", alude el pronunciamiento fiscal citado por el sitio web del organismo.

Al respecto, la fiscalía citó, además, el testimonio de un soldado que integró el RIMec Nº3, quien expresó que un subteniente -que fue identificado e imputado- lo discriminaba constantemente por su condición religiosa y expresó que el militar "siempre hacía referencia a eso y le atribuía la culpa de todo lo malo que pasaba, provocando así resentimientos entre sus compañeros. Me castigó todos los días de mi vida en Malvinas por ser judío", dijo.

En relación a las actividades de inteligencia contra los soldados después de la guerra, el documento fiscal da cuenta de que se obligó a los ex combatientes a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio, y que algunos fueron amenazados con "desaparecer" si no lo hacían.

Según el MPF, también "se ordenó la prohibición de dar declaraciones a la prensa y se efectuó un control sobre lo que era publicado en los medios de comunicación", además de efectuarse un seguimiento de ex conscriptos y agrupaciones de veteranos que realizaban denuncias.

La causa judicial por las torturas a soldados lleva once meses paralizada desde que la jueza Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.

Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados por los ex combatientes representan ilícitos imprescriptibles, y de hecho había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.

El fallo de Casación fue recurrido por la fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema, con lo que la jueza fueguina optó por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los soldados, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles), o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.