La tensión entre el sector del transporte y el gobierno nacional sigue escalando mientras se acerca la reunión clave de este jueves entre la UTA, el Ejecutivo y las cámaras empresariales. El sindicato había anunciado un paro para el 30 de septiembre y el 1° de octubre, pero la intervención del Ministerio de Trabajo, con la conciliación obligatoria dictada por Franco Mogetta, permitió que la medida de fuerza se suspendiera por 15 días. Sin embargo, el conflicto está lejos de solucionarse.

El principal reclamo de los trabajadores nucleados en la UTA es que el salario básico se ajuste mensualmente, partiendo de los $1.160.000 en agosto y alcanzando $1.322.136 en diciembre, con la intención de contrarrestar los efectos de la inflación. Para ello, el gremio señala que el Estado debe actualizar los subsidios al transporte, evitando así que el costo se traslade a los usuarios en forma de un aumento del boleto. Sin embargo, denuncian que desde que Javier Milei asumió el poder, los subsidios no han sido revisados.

La preocupación en el sector es creciente. Las cámaras de transporte ya habían advertido en febrero al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la necesidad urgente de actualizar los costos operativos. En una carta formal, expresaron que, de no recibir una respuesta inmediata, el servicio de colectivos en el AMBA podría paralizarse debido a la falta de recursos financieros. Esta advertencia se refuerza con el aumento del 75% en los costos operativos, lo que imposibilita cumplir con los acuerdos salariales firmados con la UTA.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), a través de su vicepresidente, Luciano Fusaro, subrayó que los subsidios no han sido actualizados a pesar de los compromisos asumidos previamente. Esta falta de recursos pone en riesgo la continuidad del servicio y el cumplimiento de las paritarias pactadas. Sin embargo, desde la secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano, afirmaron que no tienen injerencia en los acuerdos paritarios, limitando su rol a facilitar el diálogo entre las partes involucradas.

En paralelo, la iniciativa del diputado Gerardo Milman cobra relevancia en medio de este escenario. Milman ha propuesto un proyecto de ley para declarar el transporte público como un "servicio esencial". Esta medida busca garantizar una prestación mínima durante los paros, tanto en colectivos como en trenes y ómnibus, algo que podría suavizar el impacto de futuros conflictos. En caso de ser aprobada, las empresas estarían obligadas a mantener una dotación mínima de personal durante las huelgas, bajo la amenaza de sanciones económicas y legales.

Mientras tanto, los gremios del transporte se mantienen firmes en sus demandas y la próxima reunión de este jueves será clave para definir el curso del conflicto. De no llegar a un acuerdo, la UTA podría reactivar las medidas de fuerza, lo que afectaría gravemente la movilidad en el AMBA, una región dependiente del transporte público para su funcionamiento diario.

El conflicto del transporte en Argentina también resuena a nivel nacional, en un contexto económico marcado por la escalada inflacionaria, que ya afecta no solo a los salarios de los trabajadores, sino también a los costos operativos de las empresas. Se espera que, tras la reunión de este jueves, el gremio defina los próximos pasos a seguir y las posibles medidas de fuerza si no se alcanzan los acuerdos deseados.