Tras el inicio del ciclo lectivo 2022, los números de la deserción escolar muestran que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta 3 adolescentes por clase en el nivel secundario. 

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostiene que "los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas que ya perjudicaban a las y los estudiantes más vulnerabilizados. La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnas y alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas".

Frente a esta situación, organizaciones civiles realizaron pedidos de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Salta, con el fin de conocer la cantidad exacta de estudiantes que se desvincularon de las escuelas o se encuentran en riesgo de hacerlo, y las medidas tomadas por cada jurisdicción para garantizar su reinserción. 

Hasta la fecha ninguna de las jurisdicciones consultadas brindaron información concreta sobre la tasa de abandono escolar entre 2020 y 2021. Tampoco explicaron cómo se implementaron las medidas aprobadas en el marco del Consejo Federal de Educación ni cómo fueron utilizados los fondos nacionales que se otorgaron para el abordaje de la problemática durante 2020 y 2021. 

"La desvinculación escolar agravada por la pandemia convive con una serie de problemáticas estructurales que dificultan o impiden el ingreso y permanencia en las escuelas", especificaron desde el organismo. En especial, "se destacan la falta de acceso a vacantes desde el nivel inicial, la negativa de la matrícula en escuelas comunes públicas y privadas por motivos de discapacidad, así como la ausencia de los apoyos necesarios para el acompañamiento de sus trayectorias escolares que les permitan aprender, participar y progresar sin discriminación".

“Los estados son responsables de garantizar las condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso de la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación”, concluyó Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.