Las pymes alertaron que, debido a los nuevos aumentos de electricidad para grandes usuarios industriales clientes de Edesur y Edenor, habrá remarcaciones de los productos finales de entre “5% y 15%” que pondrá presión en la inflación. Organizaciones empresarias pidieron rever la decisión oficial, ya que de lo contrario no se podrían recomponer los ingresos de los sectores medios y populares.

La medida fue dispuesta por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), a cargo de Soledad Manín, que estableció incrementos de hasta 73% en las tarifas de luz para estos grandes usuarios que obtienen energía de las distribuidoras del Amba. Según los nuevos cuadros tarifarios publicados por el ente, las industrias que contratan un servicio en baja tensión verán un incremento del 58% a partir del 1 de mayo, los de media tensión  67% y los de alta un 73%.

En ese marco, el Gobierno dispuso que el aumento se aplique de una sola vez y los industriales advierten que el alza afectará a los costos de producción. "Este incremento va a repercutir fuertemente en todo el sector pyme industrial, generando una importante suba en el precio de los productos, que terminará recayendo en las góndolas", alertó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Según un cálculo inicial que surgió de la entidad pyme, de activarse el aumento de la electricidad en una sola vez, las remarcaciones al público "oscilarán entre el 5% y el 15%". "Esta situación se suma a la crisis de la inflación actual y puede generar un estado crítico para todo el sector productivo, y terminará afectando sustancialmente a la inflación", alertó Rosato.

En ese sentido, otras entidades empresariales, de defensa de los usuarios y de la sociedad civil rechazaron ayer también la quita de subsidios y el aumento de las tarifas de gas natural por redes y energía eléctrica que comenzaron a  discutirse este martes en audiencias públicas.

En una solicitada publicada en matutinos y redes sociales las entidades advirtieron que “el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas”. Y le exhortaron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, “evitar un nuevo aumento tarifario” a la ciudadanía.

En la publicación expresan que primero “para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.

Las entidades sostienen que un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad. Ello implicó “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas” y que las empresas multiplicaran sus ingresos por veinte, mientras que la ciudadanía apenas por tres entre 2015 y 2020.

También afirman que el Estado nacional en el acuerdo con el FMI comprometió una quita de subsidios a los servicios públicos pero “llamativamente” evitó abordar la revisión de los costos y las ganancias de las energéticas. 

Las entidades sostienen que el precio de la energía es uno de los valores testigo centrales de la economía. Por ello, las tarifas de luz y gas deben tener un valor “razonable, con niveles de ganancias empresarias razonables”. 

“Es central que no haya pocos que concentren mucha ganancia y millones de argentinos y argentinas pobres con tarifas impagables. En el actual marco de restricciones externas tienen que aportar quienes están en mejores condiciones. El bolsillo popular no soporta otro aumento más”, añadieron.

Las entidades concluyen con un pedido al presidente Alberto Fernández y al ministro Guzmán: “evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía. Lo contrario significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos”.