El gobierno tiene hasta el 31 de julio para pagarle US$ 2.700 millones al Fondo Monetario Internacional, pero para esa fecha la justicia norteamericana decidirá cuánto le deberá pagar al grupo inversor Burford, quien adquirió parte del paquete accionario de YPF, y al cual el Estado argentino, no le hizo una oferta cuando estatizó la compañía petrolera en el 2012.

La jueza de Nueva York Loretta Preska, que lleva el juicio, exoneró a la compañía YPF de la responsabilidad por esta situación. En cambio, culpó al Estado nacional y ahora deberá resarcir al fondo Burford.

Este reunió casi un 30% de las acciones de YPF a partir de haberle comprado un 25% que tenían dos sociedades de Petersen Energía, que fue de la familia Eskenazi, quien manejó la ahora compañía estatal, y un 3,9% del fondo Eton Park.

La magistrada fijó dos audiencias, para el 26 y 27 de julio y en ellas se podría determinar cuánto deberá pagar Argentina por haber incumplido el estatuto de YPF, que establecía la obligación de realizar una oferta pública de acciones en caso que haya cambios en el control de la empresa, como pasó cuando el Estado expropió el 51% que tenía la española Repsol.

Las diferencias son muy amplias. El fondo Burford reclama entre US$ 7.500 millones y US$ 19.350 millones, si se suman intereses y costas.

El caso no es nuevo, ya que se inició en el 2016, y a lo largo de este proceso, el Estado argentino perdió todas y cada una de las instancias. Claro que podría llegar a haber un acuerdo entre las partes, como pasó en el 2013, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, impulsó la expropiación de YPF.

Si bien Kicillof aseguró que la española Repsol, propietaria del 51% de la compañía “iba a terminar pagándole” a Argentina por lo que él consideraba mal manejo de la compañía, lo cierto es que, en febrero de 2014, el gobierno de Cristina Kirchner le pagó US$ 6.000 millones a Repsol.

Un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad del que tenía en la fecha de ese pago. Ahora, el Gobierno argentino podría apelar el monto de la indemnización, y que la deuda la pague aquel que asuma el próximo 10 de diciembre.