La decisión del Gobierno de importar alimentos, medicinas y productos de limpieza, cuyos precios aumentaron abruptamente desde diciembre, generó en pocos días las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Fundación Mediterránea, y de manera más puntual, Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

La facilitación de importaciones, “pensada como estrategia antiinflacionaria más que como instrumento de largo plazo dirigido a aumentar la eficiencia de la economía, podría afectar negativamente y en poco tiempo a muchos productores locales, que con una macro ordenada y reformas estructurales, sí podrían resultar competitivos”, dijo de manera académica el IERAL, la casa de estudios de la Fundación Mediterránea.

Y fue más allá, apuntó a que “la situación podría agravarse en un contexto en que el crawling peg (traslado a precios) del dólar se mantiene en 2% mensual, amenazando nuevamente con un próximo atraso cambiario, y con todavía escasos avances en materia de competitividad estructural”.

Las palabras del Ieral se conocieron solo un días después de que el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, asegurara que la política económica del Gobierno deja a la industria “al borde del colapso”.

“No somos proteccionistas, de ninguna manera”, dijo Descher en declaraciones a Radio Mitre, y explicó que “el tema es que vos tenés un arancel de Mercosur, que nos parece correcto frente al sureste asiático, y tenés que tener un dólar de equilibrio. Ahora si el dólar pasa a $300 y después se va a $1.300 y ahora baja a $1.000, con esos movimientos bruscos, inesperados, es muy difícil saber si la competitividad de Argentina es correcta”.

“Venimos de una época nefasta, pero lo que estamos aplicando (ahora) como política va a traer un gravísimo problema social y estructural que no lo están viviendo. ¿Qué van a hacer los pibes de 15 años que su papá fue despedido de una fábrica de confección? Afanar”, advirtió Drescher .

A mediados de mes, la UIA había manifestado su “preocupación” por la decisión del gobierno de Javier Milei de abrir las importaciones, al que consideraron “un trato desigual para la industria” y señalaron que “afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”.

Y la semana pasada, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja comenzó el diálogo con Diputados para que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se incluye en la Ley de Bases “fomente el desarrollo de proveedores locales y se incentive la inversión nacional, incluso la que está en proceso”, y no solo la llegada de capital externo.