El Gobierno comenzó una nueva etapa de la gestión de cara al final del año, más enfocada en aliviar el bolsillo y contener la inflación, luego de “estabilizar” algunos números de la macroeconomía. Esta es la principal deuda luego de casi tres años de gestión. La estrategia ahora está en alcanzar acuerdos de precios sectoriales, incluso con algunos incentivos al consumo, y el refuerzo de ingresos a sectores “vulnerables”. Está latente aún la discusión sobre qué hacer con los asalariados formales, respecto a seguir apostando a las paritarias o dar una suma fija.

En una entrevista radial, el ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció que la macroeconomía “está más estabilizada, pero todavía complicada”, mientras que el esfuerzo ahora está puesto en la falta de dólares y la suma de precios. “Ahora me estoy matando por los precios y todos los días es un combate”, afirmó el funcionario.

La inflación trajo cierto alivio para el equipo económico, que de todas formas no se conforma con los guarismos actuales. Massa se hizo cargo en agosto del Palacio de Hacienda con un IPC del 7,4% en julio, luego del salto del dólar que superó los $350, que fue al 7% en el octavo mes y al 6,2% de septiembre. Los analistas esperan que en la última parte del año haya algún recalentamiento que lleve el indicador arriba del 100% anual.

En ese marco, está descartada la implementación de un plan de “estabilización” o shock, o congelamientos unilaterales por parte del Gobierno. En tanto, la apuesta es a los acuerdos sectoriales en electrónica, consumo masivo, textil y medicamentos, los rubros más sensibles para una población con bolsillos castigados al menos en los últimos 5 años.

En particular, esta semana continuarán las reuniones con las principales empresas de consumo masivo para alcanzar una canasta de hasta 2.000 productos con precios congelados por 90 días y con el precio en las etiquetas para garantizar el cumplimiento. Este segmento es al que apuntó la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando pidió más controles y pericia por parte del Ministerio de Economía luego de que se conociera el aumento de la indigencia.

Por su parte, las compañías parecerían no estar dispuestas a mantener sus precios invariantes, debido a que acusan las subas en dólares de sus insumos y de sus costos salariales por las paritarias. También objetaron las dificultades operativas de utilizar, en un muy corto plazo, nuevas etiquetas con precios incluidos en las mismas, dado que será necesario agotar el stock de los productos hoy en el mercado.

Para paliar los efectos de la inflación, se anunció un bono para “sectores vulnerables” que no perciben ningún tipo de ingreso ni asistencia por parte del Estado en sus distintos niveles. Ya registraron 100.000 solicitudes en la página de Anses para cobrar los $45.000 en dos cuotas, de $22.500 cada una, entre noviembre y diciembre.

Esta semana continuará la discusión en torno a la aplicación de una suma fija a los asalariados formales. Allí hay una interna que mantiene el Frente de Todos desde al menos 2021, pero siempre primó la intención de Alberto Fernández por privilegiar las paritarias como mecanismo de recomposición que tuvo apoyo por la dirigencia de la CGT. Del otro lado, el kirchnerismo y los sindicatos afines piden que se tome una medida “extraordinaria” ante el contexto actual. 

Un informe de LCG expuso la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años. En detalle, el nivel general se ubicó 24% por debajo del último máximo que había marcado el promedio en noviembre de 2017.  “No sorpresivamente los más afectados fueron los trabajadores informales con una caída acumulada del 38%, 17,5 pp por encima de la observada por los trabajadores registrados (20,5%)”, concluyeron.