El Gobierno mantiene su estrategia de acuerdo de precios con los diferentes actores sociales, en un contexto que no resulta para nada favorable y en el que el malhumor social es cada vez más visible. En principio, la inflación no está cediendo en abril y los alimentos siguen siendo un problema central.

Este martes hubo una reunión en el Ministerio de Economía en el que se reunieron funcionarios, representantes de la CGT y la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Allí se acordó la posibilidad de reabrir paritarias antes de tiempo, propiciar una canasta de alimentos para comercios de cercanía y analizar medidas que protejan a las pymes de la crisis internacional que desató la guerra en Ucrania. 

Finalmente, no hubo anuncio de un bono o suba por decreto de los salarios, reclamos que venían haciendo desde el kirchnerismo al presidente Alberto Fernández, que no participó del encuentro de ayer. Desde el sector que acompaña a la vicepresidenta Cristina Kirchner consideraban que un “shock” de ingresos sería la mejor forma de enfrentar el contexto inflacionario y el descontento social.

En diálogo con Data Clave, desde uno de los sectores presentes en el encuentro de ayer comentaron que la CGT no estaba dispuesta a aceptar un bono. “Se empioja la negociación paritaria, porque queda a cuenta de los futuros aumentos y no era algo políticamente redituable porque además ya se venía comentando públicamente”, resaltaron. 

La discusión había tomado más fuerza luego de que se anunciara el bono de $6.000 para jubilados y pensionados, pero finalmente ninguno de los tres sectores que se reunieron ayer hicieron fuerza por aplicar esta medida a los trabajadores privados.

La preocupación por la aceleración de la inflación cobra más sentido cuando se la compara con los ingresos, sumamente deprimidos desde hace varios años. El año pasado, el promedio de los salarios terminó 5,5 puntos por encima de la variación de los precios minoristas y los informales perdieron 11 puntos, según información del Indec.

Sin embargo, un análisis de LCG advirtió que, en la comparación con el máximo de noviembre 2017, la pérdida de poder adquisitivo es “elevada”: “21,7% promedio”. “No sorpresivamente los más afectados son los trabajadores informales con una caída real del 32,1%”, añadieron.

Este último punto resulta central. Los trabajadores informales son los más afectados, mientras que las aperturas de paritarias no tienen efectos en ese segmento. El principal problema del Gobierno es recomponer los ingresos en este sector. Los cortes como los de la 9 de Julio de la semana pasada son cada vez más frecuentes y, más allá del método de protesta, hay un pedido legítimo.

Mientras tanto, las consultoras coinciden en que durante marzo la inflación estuvo por encima del 5,5% y que el piso de abril estará muy cerca de ese porcentaje. Los alimentos son un problema fundamental en la dinámica de pérdida del poder adquisitivo. El Gobierno busca anclar expectativas, pero casi todos los analistas proyectan cerca del 60% acumulado para todo 2022 como base.

La respuesta oficial es una canasta de 60 productos esenciales de consumo masivo dentro del esquema de Precios Cuidados pero en comercios de cercanía que está preparando la Secretaría de Comercio Interior para lanzar a más tardar este viernes. En esos canales de comercialización los precios suelen ser más altos y acuden mayormente los sectores de menores ingresos. 

Del otro lado, las empresas piden que los márgenes de ganancia puedan mantenerse y las actualizaciones sean mayores al 3% mensual (9% trimestral) que pretende el secretario Roberto Feletti. La inflación del primer trimestre estuvo cerca del 15%, por lo que las firmas consideran que se retrasarían sus márgenes de rentabilidad.