UxP impulsa pedido de juicio político contra Mondino por los acuerdos con Gran Bretaña por Malvinas
El bloque de diputados cuestionó duramente a la canciller por los entendimientos acordados con el secretario del Foreing Office inglés, David Lammy. "Desde que asumió en diciembre ha favorecido, por acción y por omisión, los intereses del Reino Unido", manifestaron.
Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron hoy un pedido de juicio político contra la canciller de la Nación, Diana Mondino, por los últimos acuerdos que realizó con el secretario del Foreing Office inglés, David Lammy, en torno a las Islas Malvinas.
La conferencia de prensa la encabezó el legislador Eduardo Toniolli y también participó Agustina Propato, quien en las últimas semanas protagonizó una polémica con la embajadora británica en el país. Se sumó el jefe del bloque, Germán Martínez y los diputados Aldo Leiva, Roxana Monzón, Juan Manuel Pedrini, Ricardo Herrera, Jorge Neri Araujo, Andrés Freites, Carolina Yutrovic, Jorge Romero y Eduardo Valdés.
“Desde que asumió en diciembre Mondino ha favorecido, por acción y por omisión, los intereses del Reino Unido de Gran Bretaña en al Atlántico Sur”, apuntó Toniolli.
Y luego, profundizó: “Hay dos cuestiones que nos llevan a pedir este juicio político. Una es de forma: la canciller pretende atribuirse funciones propias del poder legislativo, celebrando acuerdos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación”. A su vez, planteó que “Mondino es funcional a la ocupación británica y su política de militarización y saqueo del Atlántico Sur”.
Para el diputado “desde que asumió han sido muchas las acciones y omisiones de Mondino en la materia, pero la gota que derramó el vaso es el anuncio realizado el 24 de septiembre”. “Por medio de un comunicado conjunto entre Mondino y Lammy, nos enteramos de la concreción de una serie de acuerdos bilaterales que ofrecen concesiones inaceptables a la potencia ocupante, permitiéndole mejorar la logística y conectividad con el continente y profundizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburiferos”, sostuvo.
El acuerdo anunciado por el Gobierno el 24 de septiembre plantea la posibilidad del retorno de los vuelos a las Islas Malvinas desde Córdoba y la organización de un viaje de familiares de caídos a fines de este año. También pautaron avanzar con “medidas concretas” en materia de conservación de pesquerías y en favor de mejorar la conectividad. Este último punto es de los que más polémicas despertó.
“Estos acuerdos recuperan los tópicos y el espíritu del pacto Foradori - Duncan del 2016, durante la gestión Macri, que fuera oportunamente denunciado por la cancillería argentina, dándolo por terminado a partir de marzo de 2023, por ser considerado lesivo para el histórico reclamo argentino”, señaló Toniolli.
“Mondino, y el mismo Milei, nos tienen acostumbrados a declaraciones públicas en las que suelen relativizar la manda constitucional que establece que el reclamo por Malvinas es irrenunciable para todo ciudadano argentino, y mucho más si es funcionario público”, aseveró el diputado santafesino.
A su turno, Propatto denunció que este acuerdo "tiene letra que no conocemos" y a la que no pudieron acceder, que no está publicada a pesar de que, consideró, es "un memorandum de entendimiento" que debería haber pasado por el Congreso de la Nación.
El trasfondo de una eterna discusión y el giro del Gobierno
La reciente declaración de la canciller Diana Mondino en respaldo al acuerdo para reanudar los vuelos entre Argentina y las Islas Malvinas ha vuelto a poner sobre la mesa las inconsistencias en la postura del gobierno argentino sobre la soberanía de las islas. Mondino, quien aseguró que “la soberanía está totalmente resguardada”, insistió en que este nuevo acuerdo no afecta la convicción de que “las Malvinas son y serán argentinas”. Sin embargo, las críticas han surgido rápidamente ante lo que se percibe como una concesión a Reino Unido, en un tema que históricamente ha sido delicado para la política exterior argentina.
El acuerdo que habilita vuelos semanales desde San Pablo a las Malvinas, con una escala mensual en Córdoba, fue discontinuado en 2020. La reanudación de este servicio, tras negociaciones con el Reino Unido, ha generado confusión, dado que la soberanía sobre las islas ha sido un tema central en la política argentina desde el conflicto de 1982. Para Mondino, este acuerdo responde a “cuestiones humanitarias”, permitiendo la identificación de soldados caídos y facilitando vuelos para familiares. “La soberanía está completamente resguardada”, afirmó en declaraciones radiales, a la vez que subrayó que los kelpers, como se refiere a los isleños, “son habitantes que tienen ocupado el territorio argentino”.
Este nuevo giro en la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido no es el primero que evidencia tensiones internas dentro del gobierno. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei no mencionó explícitamente la cuestión de Malvinas, lo que encendió alarmas entre sectores políticos y de derechos humanos que ven en esta omisión un desinterés por la histórica disputa. Mondino justificó esta ausencia afirmando que en ese espacio, las prioridades internacionales giraban en torno al terrorismo y los conflictos globales, dejando en un segundo plano la cuestión de la soberanía.
Las contradicciones en la política exterior sobre las Malvinas se vuelven aún más evidentes cuando se observan las declaraciones de figuras clave en la administración. Mondino, por un lado, asegura que los vuelos son una medida humanitaria, mientras que sectores opositores denuncian una concesión innecesaria que debilita la posición argentina en el escenario internacional. Este tira y afloja refleja la falta de una estrategia firme en torno a uno de los temas más sensibles para la identidad y la soberanía del país.