La consigna convocante, es categórica: "Las deudas se pagan, las estafas no". Con esa bandera como principal bastión, un grupo de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de pequeñas empresas resolvieron movilizar la semana próxima para reclamar al Congreso Nacional que mandate al ejecutivo a reencauzar las negociaciones con el FMI.

La convocatoria no es solo declamativa. Ante el envío del proyecto del Acuerdo al Congreso de la Nación sobre los avances en el memorando entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, distribuyó entre las distintas fuerzas parlamentarias que participan del Frente de Todos, un material que analiza los términos del entendimiento que pretende cerrar el Ejecutivo con el organismo multilateral.

Además, el director del Banco Nación presenta una estrategia que propone "reencauzar la negociación en términos más favorables para el país". El documento comienza con un llamado "a todos los bloques legislativos comprometidos con los intereses del pueblo argentino a que revisen en profundidad la propuesta alcanzada con el objetivo de fortalecer políticamente al presidente de la Nación para que pueda encarar otro tipo de acuerdo".

En base a la información difundida, el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige el economista, enumera una serie de problemas que podría ocasionar la instrumentación de este acuerdo:

"- El parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir la denuncia sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI.

- Cercenamiento de la soberanía y cogobierno.

- Diferimiento del default y no su resolución.

- Ajuste Fiscal o el ajuste sobre el ajuste.

- Política monetaria recesiva y contractiva.

- Ajuste inflacionario y regresividad en el esquema de precios relativos.

- Convalidación de la renta petrolera.

- Entre el congelamiento y la profundización de la desigualdad.

- La puerta de entrada a las reformas estructurales.

- Extractivismo, desarrollo asimétrico y oligopolización".

Luego de desarrollar cada uno de los puntos del diagnóstico, el documento avanza sobre la propuesta: "dadas las deficiencias y limitaciones del camino emprendido hasta aquí por el Gobierno Nacional, proponemos que el Parlamento mandate al Poder Ejecutivo para desarrollar dos ejes de acumulación política que le permitan movilizar la conciencia social y situar en mejores condiciones al país para defender sus intereses", afirma el texto.

Más adelante explicita: "La primera línea de acción es la investigación de las responsabilidades y beneficiarios del proceso de endeudamiento macrista. Esto, más allá de ponerle fin a la impunidad con que los funcionarios de distintas gestiones endeudan al país sin rendir nunca cuentas de sus actos, posibilitaría identificar a los actores que vía la administración de gravámenes impositivos específicos deberán aportar a afrontar los costos que este proceso de endeudamiento nos genere".

"La segunda línea implica avanzar en la denuncia en los foros internacionales acerca de las irregularidades e ilícitos cometidos por el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, Argentina tiene todas las posibilidades de plantear una quita de capital que implique solo asumir un monto de crédito equivalente al máximo que su cuota en el FMI le permite. El FMI no solo violó su estatuto prestando cuando no podía prestarle a un país en situación de fuga de capitales, sino que volvió a violarlo al prestarle por encima del máximo que le correspondía".

"Una negociación que situé la discusión en el territorio de la corresponsabilidad entre la gestión Macri y el FMI, implicaría para la Argentina asumir como máximo 23.000 millones de dólares. En este marco, desaparecerían las sobretasas que hoy nos cobran por el excedente de crédito que nos otorgaron violando sus propias reglas. Y a estas definiciones debería agregarse una exigencia de ampliación de los plazos de pago de 10 a 20 años", desarrolla el documento.

"El proceso de construcción política que supone una estrategia de esta naturaleza permitiría expandir la conciencia social en torno al problema del endeudamiento y haría incluso factible, si fuera necesario, convocar a la ciudadanía para defender la soberanía nacional y el futuro de los argentinos", agrega el informe.

Por último, Lozano asegura que "una decisión de carácter soberano como la que estamos planteando supone modificar inmediatamente las políticas que a nivel interno se practican sobre el mercado cambiario, el comercio exterior y el sistema financiero. La acumulación, el cuidado y el manejo preciso de nuestras reservas es indispensable para acompañar una negociación en la que la Argentina pueda hacer valer la legalidad tanto a nivel local como en el plano del derecho internacional".

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