A mediados de enero, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el Gobierno buscaba impulsar en el Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Mientras tanto, a principios de mayo su par de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el principal debate giraba en torno a la edad tope. 

“La discusión gira en torno a si se establece como límite los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, señaló la funcionaria y precisó que se estaban analizando los casos de los países vecinos para “ver el impacto” que estás políticas “tuvieron sobre la población”.

Sin embargo, un diputado nacional de La Libertad Avanza se adelantó y presentó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años. Se trata del mendocino Álvaro Martínez.

En el caso de “delitos de asociaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en la ley de estupefacientes, y estos sean cometidos por miembros de grupos terroristas, pandillas o cualquier otra agrupación criminal”, el proyecto establece penas de hasta 20 años para menos que hayan cumplido los 16 años y de hasta 15 años para aquellos adolescentes que tuviesen entre 12 y 15 años.

“La situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes”, señaló Martínez en los fundamentos.

Además, el legislador aseguró que "el principio de la legislación penal de ultima ratio es conservado, pero armonizado con el derecho de las víctimas a obtener la condena justa de su agresor y su reparación integral, ya que a delitos de adultos le corresponden penas de adultos".

La iniciativa también lleva las firmas de María Fernanda Araujo, Julio Moreno Ovalle, José Peluc, Facundo Llano Correa, Alida Ferreyra y Gerardo Huesen.