Mientras el Gobierno logró su cometido con la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, donde se incluye la reforma laboral, la oposición de la Cámara de Diputados maneja su propia agenda y prepara una nueva reunión en la comisión de Trabajo que preside el radical Martín Tetaz para debatir la reducción de la jornada laboral.

El oficialismo tardó siete meses para aprobar lo que según el Presidente Javier Milei se trata de la “primera etapa” de su gestión. Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto enviado por el Ejecutivo con los cambios que incorporó el Senado.

En un debate que demandó más de 12 horas y con un tratamiento en paralelo, también se aprobó el paquete de medidas fiscales. El oficialismo logró imponer la vuelta del impuesto a las ganancias, un pedido de los gobernadores que había sido rechazado en el Senado, con 136 votos positivos, 116 negativos y 3 abstenciones. Hubo tres afirmativos desde UxP y una abstenciones, todas desde el norte.

La Ley Bases sancionada también contó con un capítulo dedicado a la reforma laboral, que fue aprobado sin objeciones. "Promoción del empleo registrado", dice el título que se plantea una serie de beneficios para los empleadores que busquen regularizar a sus trabajadores. Con respecto a estos últimos, aclara que "cualquiera sea su antigüedad y su salario, sólo podrá tener acreditados hasta cinco años de aportes calculados sobre el monto del salario mínimo, vital y móvil, a los fines de reconocimiento para su jubilación".

El Gobierno siguiendo de cerca el debate por la Ley Bases en el Congreso

El tema que generó mayor controversia es el artículo 93, donde se habilita que se reemplacen las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral. Esto será "según disponga el Poder Ejecutivo” e indica que los empleadores podrán optar por contratar un servicio privado o autoasegurarse.

Otro punto polémico en los artículos 89 y 95 se propone extender a seis meses el tiempo periodo de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto. Además, por convenio colectivo se puede ampliar hasta ocho meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de menor tamaño. Durante ese tiempo, el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización.

También se incorporan medidas que permiten que las relaciones laborales queden enmarcadas en otras formas distintas a la convencional relación de dependencia. Por ejemplo, contratar empleados bajo la modalidad de colaboradores o de contratos de locación.

A su vez, se le pone un límite al “derecho a la acción colectiva”, lo que implica que se incorpora como “motivo de despido” las diferentes medidas de acción directa que puedan llevar a cabo los trabajadores en un conflicto con las empresas, desde el bloqueo hasta la toma del establecimiento.

La reforma laboral aprobada, a pesar de su fuerte alcance y el rechazo de los sindicatos, no fue la que presentó el Gobierno desde un primer momento. Luego de negociaciones con los distintos bloques opositores, el capítulo quedó denominado como “modernización laboral” y cuenta con 17 artículos. El radicalismo, por ejemplo, presentó su propia iniciativa que fue desestimada en las comisiones.

El radicalismo y otros sectores opositores dejan de lado la agenda del Gobierno y empieza a construir una propia con otras iniciativas. Una de ellas fue la movilidad jubilatoria, propuesta que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que debe ser tratada en el Senado. Javier Milei trató a los legisladores de “degenerados fiscales” y adelantó que, de ser aprobada, será vetada por el Poder Ejecutivo.

Esta sinergia que tienen bloques opositores, desde el peronismo hasta el radicalismo, se materializará en una nueva reunión que habrá el próximo martes a las 11 horas en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz. ¿El objetivo? Debatir sobre la reducción de la jornada laboral.

Está prevista una nueva ronda de invitados con especialistas para analizar los distintos proyectos presentados por Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino. En la última reunión, que se llevó adelante el 6 de junio pasado, contrastaron sus miradas abogados laboralistas, empresarios y representantes de organizaciones sindicales.

La normativa laboral vigente establece desde hace casi un siglo que las jornadas laborales deben tener un máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día, una de las cargas horarias más exigentes de América Latina y el mundo.

En muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos multidimensionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el mercado formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del rendimiento y la productividad, entre otros planteos.

Será la tercera vez que el Congreso aborda la propuesta de reducir la jornada laboral, ya que en 2015 tuvo dictamen, pero nunca se trató en el recinto de Diputados, y el año pasado se devolvió a debatir estas iniciativas en diferentes reuniones informativas donde participaron autoridades nacionales, provinciales, organizaciones sindicales y empresarias.