La Copa del Mundo de Qatar 2022 se tomó un receso de 48 horas hasta que comiencen los cuartos de final y la política argentina aprovecha esa pequeña ventana de atención para mediatizar las disputas. En ese marco, el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires impulsará hoy un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro y el fiscal general porteño, Juan Mahiques, por el polémico viaje a Lago Escondido que reunió a un grupo de jueces, directivos del Grupo Clarín y exespías en la mansión del magnate Joe Lewis.

La política argentina atraviesa esta semana un limbo judicial con acusaciones de ambos frentes. En el caso del FdT, su principal referente Cristina Kirchner fue condenada a a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz, en la investigación conocida como Causa Vialidad; por otra parte, en JxC hay fuertes señalamientos contra D'Alessandro por la filtración de chats con integrantes del Poder Judicial con el objetivo de influir políticamente en las decisiones.

Lo último que hay que actualizar sobre el polémico viaje a Lago Escondido es que la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia. Además de D'alessandro  y Mahiques, están señalados Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

La información que se filtró generó tal nivel de impacto que el propio Alberto Fernández brindó una sorpresiva cadena nacional e instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar que se investigue penalmente el hecho. Además, ordenó a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires a cursar un pedido de juicio político contra los funcionarios.

“Resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020”, manifestaron los legisladores porteños en una conferencia de prensa.

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En ese marco, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos informó que hoy, desde las 13 horas en el Salón Perón de la Legislatura, darán a conocer el pedido de juicio político contra D'Alessandro y Mahiques por mal desempeño, decisión que está contemplada en el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dice que “se puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece”.

Sin embargo, la remoción de D'Alessandro y Mahiques no es tan sencilla. De acuerdo al artículo 94 de la misma Constitución, la condena política será efectiva si lo aprueban dos tercios de los miembros que componen la Legislatura. Actualmente la composición de la misma es de 60 bancas, por lo que el Frente de Todos necesitaría 40 votos para poder dar curso a este pedido.

En cuanto al reglamento, el pedido de juicio político se lleva a cabo en la primera sesión del año y se divide, por sorteo, entre dos salas: una acusadora, integrada por el 75% de sus miembros y otra de juzgamiento, compuesta por el 25% restante, respetando la proporcionalidad de los partidos políticos y alianzas. Según el artículo 93, casa sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Actualmente la sala acusadora está integrada mayormente por diputados oficialistas -24 de Juntos por el Cambio, 14 del Frente de Todos, tres de La Libertad Avanza, tres del FIT Unidad y uno de Consenso Federal-.

En el artículo 94, además de los escaños que necesitan para aprobar este pedido, menciona que la sala acusadora es la que nombra en la primera sesión una comisión para investigar los hechos en que se infunden las acusaciones.

En cuanto al timing político y el “poroteo”, hay que decir que el Frente de Todos es la segunda fuerza mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires con 19 escaños. En tanto, Vamos Juntos (PRO) es la principal fuerza con 20. Sin embargo, Juntos por el Cambio tiene una compleja pero funcional alianza que incluye a otros partidos y con los que casi gobierna de manera colegiada. Además de los votos de Vamos Juntos, cuenta con el apoyo de UCR-Evolución (8), Republicanos Unidos (2), Partido Socialista (2) y Consenso Federal. El resto de los votos se divide entre La Libertad Avanza (5) y el Frente de Izquierda-Unidad (3).

El Frente de Todos ya presentó este lunes los proyectos de resolución para dar curso al pedido de juicio político, tanto contra D'Alessandro como Mahiques. “Estos diálogos son, ni más ni menos, que la ratificación del mencionado viaje y de los esfuerzos de sus participantes por ocultarlo mediante la comisión de diferentes delitos: tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y asociación ilícita”, dice en la iniciativa a la que accedió este portal.

Es atinado decir que la coalición de Juntos por el Cambio es compleja porque, en el último tiempo, varios de los integrantes se unieron al Frente de Todos y los libertarios en el famoso “Frente Anti Grúas” para votar una serie de medidas que van en contra de lo que estableció el Ejecutivo porteño, comandado por Horacio Rodríguez Larreta. Estos espacios fueron los que impulsaron ponerle fin a la concesión para el sistema de acarreo de vehículos y también impulsaron la intención -sin éxito- de eliminar el impuesto al sello sobre los consumos con tarjeta de crédito.

Lo cierto es que todo indica que el Frente de Todos no contará con los votos para aprobar el juicio político y quedará más en un desplante público para marcar sus diferencias en una nueva batalla contra el Poder Judicial y la oposición. Desde la Libertad Avanza, que cuentan con cinco votos, ya le adelantaron a Data Clave que no acompañarán el pedido. Por su parte, desde UCR-Evolución todavía no definieron una postura pública. Es más, su referente político, Martín Lousteau, se refirió públicamente a la condena de Cristina Kirchner por la Causa Vialidad pero no hizo comentario al respecto por la polémica vinculada a Lago Escondido. Un punto no menor es que entre PRO y radicales hay una fuerte interna de cara a 2023 para ocupar el lugar que dejará vacante Rodríguez Larreta. Lousteau se perfilaba como el reemplazante, pero en los últimos días dirigentes como Soledad Acuña y Fernán Quirós, ministros de Educación y Salud respectivamente, ya anunciaron que jugarán en la interna. También lo hará Jorge Macri, ministro de Gobierno que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Tendrá que ver con esto el estruendoso silencio radical?