El sector del transporte confirmó su postura de cara al paro nacional del 30 de octubre, pero la gran ausente fue la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no envió ningún representante a la reunión encabezada por los principales referentes gremiales. El encuentro, que se realizó en medio de la creciente tensión entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei, terminó de sellar la adhesión de distintos gremios, pero la falta de la UTA deja en evidencia que no se sumará a la protesta, como ya se venía especulando.

Entre los presentes estuvieron pesos pesados del sindicalismo, como Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, y su padre, Hugo Moyano, quienes ratificaron la medida en conjunto con Juan Carlos Schmid, del sindicato de Dragado y Balizamiento, y Omar Maturano, representante de La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes. También se sumaron Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Juan Pablo Brey, del sindicato de Aeronavegantes, todos alineados en rechazar el ajuste económico, la suba del boleto tras la quita de subsidios, y el avance del gobierno sobre Aerolíneas Argentinas.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, estuvo presente en la reunión y confirmó que su gremio realizará una medida de fuerza de 36 horas a partir del 29 de octubre, sumándose así al paro del 30. La protesta de los estatales también será acompañada por una movilización masiva, en consonancia con el descontento generalizado que atraviesan distintos sectores laborales frente a las políticas del oficialismo. “Este gobierno está golpeando a los sectores más vulnerables”, remarcó Aguiar.

En esta misma línea, el dirigente sindical aseguró que “son tiempos de confrontar”. "Sólo con la unidad de los que luchan volveremos a construir esperanza y dejaremos atrás este tiempo oscuro que nos plantea por estas horas la democracia”, concluyó.

El frente sindical que respalda la huelga incluye además a Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, quien reiteró la importancia de articular medidas conjuntas para enfrentar lo que calificó como "un gobierno de derecha que está destruyendo derechos". Sin embargo, la ausencia de la UTA, uno de los gremios clave del transporte, resulta más que llamativa en este contexto de unidad sindical. Según trascendidos, Roberto Fernández, secretario general de la UTA, no está de acuerdo con el paro, y esa postura parece haberse consolidado al no participar en esta última reunión.

El distanciamiento de la UTA no es una novedad en los conflictos recientes. El gremio ya había mostrado una postura más moderada frente a las protestas anteriores, enfocándose en negociaciones salariales directas y no sumándose a paros que pudieran interrumpir el servicio de transporte público de pasajeros. En un contexto de fuerte presión por parte del gobierno para reducir los subsidios al sector, la UTA ha optado por un perfil más negociador y menos confrontativo.

Además del paro, el encuentro sindical también tuvo como eje las críticas al intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, uno de los temas más candentes en la agenda gremial. Los sindicatos aeronáuticos, con Biró a la cabeza, han sido férreos opositores a cualquier avance en este sentido, considerando que la privatización implicaría la pérdida de miles de puestos de trabajo y un deterioro del servicio. “No vamos a permitir que se regale el patrimonio nacional”, afirmó Biró.

Por otro lado, la suba de tarifas en el transporte público ha generado un malestar adicional entre los trabajadores del sector, quienes denuncian que el ajuste está golpeando tanto a los pasajeros como a los empleados del rubro. Según fuentes gremiales, la UTA no se pliega al paro justamente por este tipo de reclamos, ya que, al no sumarse, priorizan seguir negociando mejoras salariales para su sector, mientras que otras agrupaciones consideran que la lucha debe ser en conjunto.

A medida que se acerca la fecha del paro, las tensiones entre los gremios del transporte y el gobierno de Milei se intensifican. El presidente ha dejado en claro su intención de reducir el gasto público, algo que incluye recortes en los subsidios al transporte y la privatización de empresas estatales como Aerolíneas. Los sindicatos, por su parte, ven en estas medidas un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una amenaza a la estabilidad laboral de miles de empleados.