Sigue la guerra del Gobierno con las prepagas y redobla su acusación por "cartelización"
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puso el foco en las principales empresas de medicina privada por supuesta cartelización de precios. Señalaron que los aumentos aplicados entre diciembre y abril superaron ampliamente la inflación. La denuncia incluye a la Unión Argentina de Salud y a su expresidente, Claudio Belocopitt.
El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), avanzó contra las empresas de medicina prepaga por los incrementos aplicados entre diciembre de 2023 y abril de 2024, los cuales habrían superado hasta en un 160% el índice inflacionario. Entre las firmas afectadas figuran Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS), liderada en ese entonces por Claudio Belocopitt, quien también presidía Swiss Medical.
Según el anuncio de Manuel Adorni, vocero del Gobierno, las imputaciones responden a una presunta cartelización en la fijación de precios. “A partir de ahora, las empresas tienen 20 días hábiles para presentar su descargo y aportar pruebas que desvirtúen las acusaciones”, señaló Adorni en la conferencia de prensa de hoy.
La denuncia, que inicialmente había sido presentada en enero por dirigentes de la Coalición Cívica, liderados por Elisa Carrió, acusa a las prepagas de coordinar aumentos de precios en perjuicio de los usuarios. “No hay competencia, hay abuso”, señalaron en aquel momento. El documento mencionaba incrementos del 40% en enero y 30% en febrero, justificados como acuerdos internos dentro de la UAS.
En abril, tras una medida de tutela anticipada emitida por el Ministerio de Economía, las empresas del sector se vieron obligadas a retrotraer sus precios a los vigentes en diciembre de 2023. Sin embargo, los aumentos acumulados generaron una avalancha de reclamos judiciales por parte de los usuarios afectados.
El procedimiento de la CNDC estipula un plazo inicial de 90 días hábiles para la producción de pruebas, que podría extenderse otros 90 días si se considera necesario. “Si la prueba no logra desvirtuar la imputación, las multas podrían alcanzar hasta el 30% del volumen de negocios de las empresas o el doble del beneficio ilícito obtenido”.
Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud también presentó una denuncia judicial, que derivó en un acuerdo en mayo. Las empresas involucradas debieron devolver lo cobrado por encima de la inflación en 12 cuotas ajustadas según la tasa de plazos fijos del Banco Nación.
La defensa de las prepagas sostiene que los aumentos estuvieron en línea con el alza de los costos en el sector salud y los atrasos en los precios regulados. Sin embargo, desde el Gobierno refutan esta justificación, argumentando que el patrón de subas fue excesivamente homogéneo y coordinado.
El titular de la CNDC, Alexis Pirchio, economista vinculado al CEMA y con experiencia en gestión anticompetitiva durante la administración de Mauricio Macri, será clave en la evaluación de las pruebas presentadas.
Esta acción del Gobierno representa un nuevo capítulo en la tensa relación con el sector de las prepagas, que en los últimos años ha sido objeto de numerosas denuncias por prácticas comerciales cuestionables y falta de transparencia en la comunicación de aumentos a sus afiliados.