La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya está preparada para poner en marcha las auditorías en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades nacionales, en un clima cada vez más tenso. El próximo lunes, el rector Ricardo Gelpi recibirá una carta formal que marcará el comienzo de esta revisión de cuentas, una movida que está en línea con el plan del gobierno de Javier Milei para controlar el destino de los fondos públicos. Esto ocurre en medio de protestas y tomas de universidades que denuncian un ajuste encubierto tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Miguel Blanco, el síndico general, adelantó que se pondrá en contacto con Gelpi para que la UBA designe un equipo responsable y entregue la documentación necesaria para la auditoría. “Queremos ver a dónde van los fondos, cómo se utilizan y qué convenios están en marcha”, explicó Blanco en diálogo con FM Millenium. Uno de los puntos que más inquieta a la SIGEN es la multiplicidad de convenios que tienen las universidades, especialmente los que podrían no estar directamente relacionados con la función académica.

Las auditorías, según Blanco, pondrán foco en los convenios y los gastos que se realizan con fondos públicos. En el caso de la UBA, hay más de 350 convenios bajo la lupa, y Blanco dejó en claro que el objetivo es determinar qué fondos ingresaron y qué destino tuvieron. La preocupación del gobierno radica, según el síndico, en evitar irregularidades, como la contratación de servicios que podrían estar fuera del ámbito educativo, como ha ocurrido en otras instituciones.

El inicio de estas auditorías no ha sido bien recibido por las autoridades universitarias. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, fue uno de los primeros en alzar la voz, advirtiendo que estos controles representan un ataque directo a la autonomía de la universidad pública. Además, recordó que la universidad ya está sometida a controles internos y externos, por lo que considera que esta iniciativa es innecesaria.

Desde el lado del gobierno, Blanco aclaró que las universidades mantienen su autonomía en cuanto a la designación de autoridades y libertad académica, pero la autarquía financiera es otra historia. “No se pueden considerar autárquicas si dependen de fondos públicos para funcionar. Si se autofinanciaran, la historia sería diferente”, sentenció Blanco.

En este contexto, el conflicto por el presupuesto universitario escaló rápidamente en las últimas semanas tras el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba actualizar los fondos según la inflación acumulada. La reacción de los rectores, sindicatos y estudiantes no se hizo esperar: tomas de facultades, paros docentes y clases públicas en todo el país son algunas de las medidas de protesta. La situación económica de los docentes también es crítica, con un poder adquisitivo que cayó un 30%.

Para el gobierno, la discusión pasa ahora por el control del uso de los fondos, en un marco de ajuste fiscal severo. Javier Milei ya ha lanzado varias críticas a las autoridades universitarias, a las que acusa de defender “curros” que no tienen justificación. Según el síndico, la auditoría abarcará aproximadamente 2.200 convenios en todo el país, con la idea de supervisar de cerca qué se está financiando.

Uno de los desafíos que enfrenta la SIGEN es la falta de personal. Con apenas 530 empleados, Blanco ya evalúa la posibilidad de pedir una exención al Poder Ejecutivo para contratar más auditores, algo que parece complicado en un contexto de restricción fiscal. El trabajo de auditar todas las universidades no será sencillo, ya que cada una maneja sus fondos de manera diferente. Sin embargo, la SIGEN busca coordinar con la Auditoría General de la Nación (AGN) para optimizar los recursos disponibles. Blanco adelantó que tiene previsto reunirse con Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, para planificar las tareas.

Mientras tanto, las protestas en el ámbito universitario continúan, y parece que la tensión entre el Gobierno y las universidades seguirá escalando en las próximas semanas. La auditoría de la UBA podría ser solo el primer paso en un largo enfrentamiento que tiene a la educación pública como escenario principal.

La carta que recibirá el rector Gelpi es solo el inicio de un proceso de control que podría extenderse por meses. Mientras las universidades resisten, el gobierno de Javier Milei sostiene su postura de supervisar cada peso invertido. Con una crisis presupuestaria que parece no tener fin, la disputa entre autonomía universitaria y control fiscal sigue abierta.