El negacionismo de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado y la vocación de derribar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei se verifican a diario con expresiones y decisiones administrativas. 

En un capítulo más de esta serie de hechos que apuntan revertir una política de Estado que Argentina instrumentó en los últimos 20 años en materia de derechos humanos, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich anunció su rechazó a entregar legajos de los efectivos de las fuerzas federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La cartera aseguró así no estar dispuesta a “cumplir caprichos militantes”  

En una nota oficial remitida a la Conadi, que lleva la firma de Bullrich, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Carlos Manfroni, la cartera rechazó requerimientos que le fueron remitidos en 70 expedientes, generados por la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.

La Conadi es un organismo que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y tiene como objetivo la búsqueda y localización de los niños que nacieron en cautiverio durante la última dictadura militar. Fue creada en noviembre de 1992 por un pedido que Abuelas de Plaza de Mayo le formuló al entonces presidente Carlos Saúl Menem.

Al igual que Banco Nacional de Datos Genéticos, la Conadi no está incluido en la lista de organismos que el Ejecutivo está obligado a preservar, según se establece en el proyecto de la Ley Bases que se discute actualmente en un plenario de Comisiones del Senado.     

Pero en el texto de Seguridad se advierte que, si bien la Comisión se creó mediante una ley el Decreto 715, de 2004, generó dentro de esa entidad “una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura”.

“Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona. Mediante esos 70 expedientes, la Conadi había pedido al Ministerio de Seguridad múltiples legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde su la creación de la unidad”, se señala en la comunicación oficial transmitida a la Comisión.

En esa línea, y en un comunicado oficial difundido esta mañana por las redes sociales, se aseguró desde Seguridad que “no se expondrían datos personales de los integrantes de las fuerzas de seguridad por caprichos políticos de organismos militantes”.

“El ministerio de Seguridad niega así la posibilidad de que un organismo pueda crear una unidad de información con poderes propios de una fiscalía por fuera de sus competencias”, remarcó el comunicado.

En la comunicación oficial se hace saber a los peticionantes que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”.

Para la gestión de Bullrich, “la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella”.

“Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado”, se subraya en la nota.

En suma, el pedido resulta para la cartera “absolutamente inadecuado que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios”.

Por todo ello, se sostiene que “la solicitud de información realizada por la Conadi carece de fundamento jurídico adecuado” y que “por ello, no se brindará la información solicitada”.

El texto oficial lleva la firma de Manfroni, quien es abogado y supo ser columnista de la revista ultraderechista Cabildo, desde la cual lazó furibundos ataques contra el progresismo y el rock. En las páginas de esa publicación acusó incluso a Charly García de componer canciones que “incitaban al suicidio”.

Además, este letrado de tendencias ultramontanas se manifestó en varias ocasiones por la libertad de los genocidas condenados que hayan superado los 70 años, al argumentar que mantener en prisión a estos ancianos represores era una “violación a los derechos humanos”.     

Esta decisión de Bullrich de negarle información a la Conadi está en consonancia con el negacionismo que habitualmente expresan Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, de aceitados vínculos con represores condenados por delitos de lesa humanidad y con resoluciones que en los últimos meses se tomaron en varios Ministerios.

Días pasados, Milei elogió en un acto oficial la decisión de Menem de promulgar los indultos presidenciales de 1989 y 1990.

En Seguridad ya se habían dejado caer pedidos de recompensas sobre más de una veintena personas que están acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad y se encuentran prófugos de la justicia.

La cartera de Defensa de Luis Petri disolvió los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportaron durante años información vital para la resolución de varias causas y procesos que investigaban crímenes del terrorismo de Estado.

Además, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso suspender el pago de las indemnizaciones a las víctimas y sus familiares en base a un caso irregular que había sido denunciado por la gestión del exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Episodios de una saga negacionista que no se detiene y expresa una mirada sobre el pasado reciente de Argentina y sus vasos comunicantes con el presente.