El lunes 5 de febrero mediante una resolución el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, dispuso la suspensión de la Disposición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) “hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha dirección, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder”.

En este marco, y sobre la base de una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello realizó una denuncia penal por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos contra el cáncer y el HIV.

Desde entonces el organismo que da respuesta a toda la población del territorio argentino que carece de cobertura de salud, en situación de vulnerabilidad social y de recursos económicos que garanticen el acceso al tratamiento médico, interrumpió la provisión de medicamentos. 

La DADSE luego fue transferida al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, pero la entrega de los medicamentos no se reanudó. 

Distintas organizaciones que trabajan con pacientes oncológicos y patologías crónicas solicitaron en varias ocasiones que el DADSE renueve la atención y entregue los medicamentos, incluso a principios de abril presentaron un amparo judicial.

Además, aseguraron que como consecuencia de la decisión del Gobierno de interrumpir esta asistencia que brindaba el organismo se produjeron varios fallecimientos. 

Incluso hubo un caso que resonó y fue el de Patricio Romanos (Buenos Aires), quien había presentado un amparo individual que tuvo resultado favorable por parte del juzgado interviniente, y el Gobierno tomó la decisión de apelar la resolución. “Un acto de impactante crueldad”, explicaron las asociaciones. 

Y precisaron: “Más allá de este amparo, el gobierno tenía la obligación de garantizar la medicación, pero cuando la medicación apareció, Patricio Romanos había fallecido dos semanas antes”. 

Ahora el juez federal Julián Ercolini desestimó la denuncia del Ministerio de Capital Humano sobre supuestas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte del anterior gobierno.

El magistrado aceptó el criterio manifestado por la fiscalía, primero a cargo de Ramiro González y luego, de Carlos Rívolo. Ambos fiscales consideraron que no había ninguna irregularidad ni delito a la vista.

Al no haber impulso fiscal y tampoco querella, el juez debe seguir el criterio que le imponen quienes ejercen la representación de la sociedad en el expediente, según lo dispone el Código Procesal.