El Juzgado Nacional de 1º Instancia del Trabajo N° 56, a cargo de Gabriela Cruz Devoto, dictó un fallo que suspende los decretos 825 y 831 firmados por el presidente Javier Milei, los cuales declaraban como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial. Esta medida fue impulsada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), encabezada por Juan Pablo Brey, quien celebró la resolución y aseguró que el Ejecutivo buscaba restringir el legítimo derecho a huelga.

“El fallo judicial es clave para nuestra organización porque entendíamos que el Gobierno intentaba limitar un derecho que es constitucional. Siempre apostamos al diálogo, esperamos que las autoridades estén a la altura”, señaló Brey tras conocerse la sentencia.

Los decretos suspendidos establecían reglas estrictas para las medidas de fuerza en el sector. Exigían un aviso previo de cinco días y un esquema de servicios mínimos que garantizara al menos el 50% de las operaciones durante las huelgas. Estas normas surgieron en septiembre pasado, en medio de un conflicto con los gremios aeronáuticos que incluyó paros y asambleas, afectando vuelos en Ezeiza y Aeroparque.

El decreto 825/2024 especificaba que toda interrupción total o parcial debía ser previamente notificada, mientras que el decreto 831/2024 estipulaba que, de no acordarse servicios mínimos entre las partes, la Autoridad de Aplicación decidiría un porcentaje mínimo de operación. Estas medidas fueron cuestionadas por sindicatos, que las calificaron como violaciones a los derechos laborales y sindicales.

El fallo de Cruz Devoto se suma a una sentencia previa del juez Ricardo Hierrezuelo, quien el 26 de septiembre benefició a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró. En ese caso, también se otorgó una medida cautelar que protege a los afiliados del gremio mientras se resuelve el pedido de inconstitucionalidad.

Desde los sindicatos, destacan que estos fallos representan un límite a las políticas del Ejecutivo, que consideran lesivas para los derechos laborales. Por otro lado, el Gobierno argumenta que las medidas buscan garantizar la conectividad y minimizar los perjuicios a los usuarios durante los conflictos gremiales.

El fallo no invalida los decretos, sino que suspende su aplicación mientras se resuelve su constitucionalidad. Esto significa que los gremios aeronáuticos seguirán teniendo margen para tomar medidas de fuerza sin cumplir con las restricciones impuestas por las normativas cuestionadas.

Por lo pronto, el conflicto con el sector sigue vigente. La relación entre el Ejecutivo y los sindicatos aeronáuticos está lejos de calmarse, mientras los usuarios enfrentan la incertidumbre en los servicios.