El juez federal Martínez De Giorgi le prohibió a tres integrantes de Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus familiares, el Congreso y el Instituto Patria. Además, dispuso que sean monitoreados con tobillera electrónica.

La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la exmandataria, querellante en la causa por el intento de asesinato en su contra.

"A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta" y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico con "carácter urgente".

La querella había reclamado la medida "para evitar quedar a merced de la suerte una vez más", en relación al atentado que sufrió la exvicepresidenta y para lo cual "es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso".

X de Dataclave

De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la "Ley Omnibus". Se ubicó "más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner".

"Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner", recordaron. En la causa están procesados sin prisión preventiva integrantes de esa agrupación por delitos como amenazas y coacción a distintas víctimas, entre ellas la ex Vicepresidenta. Los procesados son Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile por delitos que habrían cometido entre mayo de 2022 y octubre de ese año.

Los letrados reclamaron que “se continúe con la investigación y, como próxima medida, se convoque a prestar declaración indagatoria a Rosana Caputo”. Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo. 

"Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar", remarcaron los abogados. En la causa declararon testigos que "robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal".

Los abogados aludieron a informes incorporados a la causa que "mostraron la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos "Espacio Añelo" y "Santa Clara Del Sur" -ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa", estos dos últimos allegados al primero. Estas transferencias "tuvieron lugar, principalmente, entre enero y agosto de 2022, por aproximadamente 6.5 millones de pesos", concluyeron.