El juez federal Guillermo Molinari imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, tras la denuncia penal presentada por el gobernador Gerardo Zamora.

De ese modo, el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero dispuso que resguarde el teléfono, “debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia” para “resguardo del medio de posible prueba”.

"La denuncia penal se fundamenta atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", dijo este lunes el mandatario provincial en su cuenta de la red social Twitter.

Tweet de Gerardo Zamora

Zamora pidió que se lo investigue por los presuntos “delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público". “Debe observarse que los jueces de la Corte hace más de quince años han suscripto decisiones referidas a la transparencia y el gobierno abierto que es incompatible con instrucciones para que funcionarios dependientes se conecten de este modo con personas que tienen intereses en causas que se tramitan ante ese Alto Tribunal”, señala la denuncia a la que accedió Data Clave.

Y continúa: “Que de ser cierto el actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, a  una infidelidad que atenta contra la administración de justicia en beneficio de una parte del proceso, que no registra antecedentes en la historia de ese Tribunal de una conducta tan censurable”. 

“Por ello, no corresponde el silencio o el ocultamiento, porque ello desprestigia a la Corte y podría afectar la honorabilidad de todos los demás jueces, funcionarios/as y empleados/as de esa Corte y Poder Judicial”, añade la presentación impulsada por Zamora.

El Gobierno nacional también había adelantado que iba a impulsar acciones penales para que se investigue a los funcionarios mencionados en las supuestas filtraciones de chats entre asesores del titular del máximo tribunal y funcionarios del gobierno porteño.