La reforma judicial trajo distintas voces y opiniones en las últimas semanas, más allá de la negativa de la oposición a tratar el proyecto. Una de las entidades que se expresó sobre el tema fue el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una fundación que reúne a abogados, académicos, funcionarios y ex funcionarios del sistema judicial. “Es un proyecto que no está bien hecho, que no conforma a nadie porque contra este proyecto se han alzado las voces de aquellos que nunca quieren que nada cambie”, le dijo a Data Clave Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente de INECIP y ex Defensor General Alterno del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Chubut.

-Data Clave: ¿Es necesario abordar una reforma del sistema judicial argentino?
-Pérez Galimberti: No es necesaria una reforma sino que es imprescindible. El sistema judicial argentino conspira contra la gobernabilidad democrática, tiene gravísimas falencias que se expresan sobre todo en la justicia federal y se representan en el núcleo de jueces que están concentrados en Comodoro Py.

-DC: ¿Qué consideraciones le produjo la presentación de la reforma de Alberto Fernández?
-PG: Es un proyecto que no está bien hecho, que no conforma a nadie porque contra este proyecto se han alzado las voces de aquellos que nunca quieren que nada cambie. Por ejemplo, los que quieren que permanezca la justicia nacional tal cual funciona desde hace muchísimos años. La Ciudad de Buenos Aires necesita su propia justicia, es una deuda que no se zanjó desde 1994. El proyecto no conforma porque a los sectores que estamos detrás de la reforma democrática del Poder Judicial bregamos por la puesta en marcha del juicio por jurados en todas las jurisdicciones del país, tanto provinciales como federales. Esto es imprescindible porque ordena la participación ciudadana en el Poder Judicial que es el poder más oscuro, más opaco en el reparto republicano. En segundo lugar, el juicio por jurados instala una justicia que es oral, que es pública, que es contradictoria y continua. Vale decir, se termina con la justicia de gabinete y se termina con la delegación judicial. ¿Qué significa? Que cada vez que un juez tiene que resolver lo hace en una audiencia, sentado frente a las partes toma estas decisiones y no las delega ni en empleados ni en secretarios. Este es el modelo de la justicia que pretendemos

-DC: ¿Ayuda la fusión y multiplicación de juzgados a terminar con los malos manejos que tiene Comodoro Py?
-PG: El proyecto que se presentó en el Congreso duplica los juzgados federales. Es decir, algo que funciona mal, que hace 800 años que está armado como un modelo de poder y que debe ser absolutamente desactivado, se reproduce. Llama la atención que este proyecto no se haga cargo que la modernización como servicio para el ciudadano pasa por una reforma integral de procedimientos vetustos que deben ser reemplazados lo antes posible. Se está reproduciendo un virus. Si estamos diciendo que la organización de juzgados federales como tal es mala, si replicamos este modelo lo que tenemos es más cosas malas. Y vamos a tardar una década más en reformarlo. Es completamente contradictorio decir que vamos hacia la instalación definitiva del modelo de enjuiciamiento penal del Código Procesal Penal Federal y reproducir juzgados. Este proyecto atrasa y debe ser completamente reevaluado y rediseñado.

-DC: Ingresar al sistema acusatorio, ¿sirve para transparentar los procesos judiciales?
-PG: A mi entender, el horizonte es el juicio por jurados. Además, la justicia federal con jueces de instrucción debe desaparecer y debe reemplazarse por una donde los jueces no investiguen sino que lo haga el Ministerio Público Fiscal. Y que si hay un imputado, sea un fiscal es que se lo presente al juez y que si esa persona no tiene abogado, deba tener la asistencia de la defensa pública. Para los casos que están en marcha y que parece que tanto preocupan con esta declamación de que no debe haber impunidad, que permanezcan los tribunales como están hasta que se agoten las causas residuales. Así se ha hecho en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Río Negro. Los casos en trámite permanecen con sus jueces y los casos nuevos comienzan a tramitarse en el nuevo sistema.