A principios de diciembre, el gobierno nacional decidió recortar la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. La medida dispuesta por PAMI causó gran indignación en todo el país y llevó a que desde distintas provincias judicialicen la medida. En este marco, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Quirós, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (JUBYPEN MENDOZA) ordenando al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados la suspensión de las resoluciones en la provincia. 

El Tribunal consideró que la medida dispuesta por PAMI afecta los derechos fundamentales como la salud, el acceso a la misma y el derecho a la vida de jubilados y pensionados afiliados. En tales resoluciones, el organismo fijó una cobertura del 100% para medicamentos esenciales incluidos en tratamientos garantizados por ley y una cobertura parcial con porcentajes del 50% al 80% en medicamentos para patologías graves y agudas; y del 40% para medicamentos de uso eventual.

En su decisión, el Juzgado consideró que los jubilados y pensionados son un grupo “especialmente vulnerable”, pero que además se le suma la "hiper-vulnerabilidad" de aquellos que están bajo un tratamiento médico y cuya cobertura podría verse interrumpida. 

A su vez, señalan que el Estado tiene la obligación de proteger "los derechos de los adultos mayores, debiendo adoptar medidas para prevenir y evitar la vulneración de derechos de este grupo vulnerable, eliminando barreras que puedan dificultar el acceso a los mismos, especialmente al derecho a la salud".

Al igual que en Mendoza, en Tucumán se presentó otra cautelar contra la decisión del gobierno de limitar el acceso a los medicamentos gratuitos. La medida fue presentada por el diputado nacional Carlos Cisneros, en su carácter de secretario de Administración de la Asociación Bancaria Nacional, quien solicitó que se garantice el acceso pleno y oportuno a medicamentos. 

En el reclamo, los demandantes sostuvieron la inconstitucionalidad de las disposiciones del PAMI y exigieron el restablecimiento de las condiciones previas y la continuidad del programa "Vivir Mejor". Además, pidieron una medida cautelar urgente para evitar perjuicios mientras se resuelve el caso. 

Ante esto, la justicia federal de Tucumán aceptó discutir durante la feria judicial el reclamo. Cabe explicar que antes del tratamiento de la cautelar, el caso debe pasar a la consideración del fiscal federal que esté de turno en enero para que opine sobre el caso.

El reclamos por la medida del PAMI también impactó en el Congreso de la Nación. En la Cámara de Diputados solicitaron en dos oportunidades que el titular del organismo, Esteban Leguizamo, y el ministro de Salud, Mario Lugones para explicar la resolución ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública. 

Tras dos convocatorias fallidas, el presidente de la Comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), junto a su compañera de bloque Natalia Zaracho y la socialista Mónica Fein llevaron al PAMI cuestionarios que elaboraron diputados y miembros de la Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Tercera Edad, pero no fueron recibidos por ninguna autoridad.