Objeción de conciencia como herramienta para desfinanciar a sindicatos bajo el aval del gobierno
La Procuración del Tesoro avaló un pedido de la organización Reuniones Evangélicas Argentinas, que considera que el pago de aportes a sindicatos contradice su fe. Este dictamen podría sentar un precedente que impacte en el financiamiento de las organizaciones gremiales y genere nuevas tensiones laborales.
En un nuevo capítulo que podría tensionar aún más la relación entre el Gobierno y los sindicatos, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Rodolfo Barra, emitió un dictamen que permite a las organizaciones religiosas ampararse en la objeción de conciencia para evitar el pago de contribuciones sindicales. El documento responde a un pedido de la congregación Reuniones Evangélicas Argentinas, que asegura que esta obligación contradice los principios de su fe.
La congregación, de carácter minoritario y con una membresía de apenas 320 personas, argumentó que el pago de aportes atenta contra su doctrina religiosa, la cual prohíbe cualquier tipo de asociación que no sea estrictamente con la Iglesia o el Estado. El dictamen de la Procuración, publicado la semana pasada y revelado por elDiarioAr, sostiene que este planteo es válido y aboga por una "adecuación legal" que respalde este tipo de excepciones.
El aval legal toma como referencia la objeción de conciencia en casos como el servicio militar obligatorio y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, en el dictamen se describe esta última como “el aborto como supresión voluntaria de una vida humana”, una frase que generó controversia por su carga ideológica. La aplicación de este criterio podría significar la exención de trabajadores de varias actividades, incluyendo sectores como la metalurgia, el comercio, la construcción y el transporte, de cumplir con los aportes solidarios vinculados a los convenios colectivos.
El impacto no sería menor: la cuota sindical solidaria, que representa el 2% del salario de los trabajadores no afiliados, constituye una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones gremiales. Si bien el dictamen es solo una recomendación, es probable que la Secretaría de Trabajo, bajo el Ministerio de Capital Humano, lo tome como base para futuras decisiones.
Desde los sindicatos, las críticas no tardaron en llegar. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, calificó la medida como absurda: “Es como si alguien invocara objeción de conciencia para no pagar el IVA. Esto no es más que un acuerdo entre el Gobierno y una organización para sentar precedentes peligrosos”. Otros gremios, como Camioneros, advirtieron que la implementación del dictamen podría derivar en conflictos masivos durante las negociaciones paritarias.
Especialistas en derecho laboral consultados por elDiarioAr advierten que este dictamen podría ser utilizado como insumo para limitar acuerdos salariales futuros. Según Alvaro Ruiz, “esto le da argumentos a la Secretaría de Trabajo para cuestionar convenios colectivos, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca evitar ajustes mayores al 1% mensual”.
El caso también plantea interrogantes sobre los derechos de terceros, como los trabajadores de empresas cuyos dueños pertenecen a la congregación. En tales casos, tanto empleados como empleadores podrían rehusarse a realizar aportes sindicales, afectando los ingresos destinados a las obras sociales.
Con este dictamen, el Gobierno de Javier Milei parece avanzar en una línea política que busca reformar profundamente el esquema de financiación sindical en Argentina. Mientras tanto, los gremios y las organizaciones religiosas seguirán enfrentándose en un terreno cada vez más polarizado.