El Gobierno nacional anunció este viernes la reforma de una compañía estatal clave: la Administración General de Puertos. La nueva reestructuración en el Estado, fue oficializada con el afán de ganar “eficiencia y transparencia” en una dependencia a la que calificó como “antro de corrupción”. 

Creada en 1956, se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, la decisión de cerrarla fue confirmada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales. “Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”, oficializó el funcionario.

X de Manuel Adorni

Además, se disuelve no sólo la AGP sino que también la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. La nueva agencia tomará las funciones de la subsecretaria de vías navegables, al mando del control de la Hidrovía del Paraná, troncal fundamental para la economía cuyo gestión del dragado está en proceso de licitación desde fines de noviembre.

A partir de esta licitación, que estaba llevando adelante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y recibirá las ofertas hasta el 29 de enero de 2025, el esquema será “a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía”.

En manos del Estado, la administración tenía gastos por unos US$ 200 millones al año. En 2023 y principios de 2024, hasta que hubo un aumento de tarifas, se acumuló un déficit operativo de US$ 90 millones.

La Hidrovía tiene en su red troncal 79 puertos entre Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El contrato de concesión para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal -tal su nombre en los papeles- sobre los ríos Paraguay y Paraná estuvo en manos de la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa hasta mediados de 2021. Después volvió a manos del Estado, que tres años y medio después lo volverá a concesionar a un privado.