Javier Milei ha dejado en claro que su prioridad es mantener el equilibrio fiscal a cualquier precio, pagará el precio que sea necesario para defender el superávit que ha sido el eje central de su gestión. En este contexto, un nuevo proyecto que avanza en el Congreso amenaza con desatar un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La iniciativa en cuestión es el Financiamiento Educativo Universitario, un proyecto impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR) que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que podría ser votado en el Senado el próximo miércoles. La propuesta busca que el presupuesto destinado a las universidades públicas en 2024 se ajuste automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que garantizaría la protección del poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, el proyecto contempla un artículo que encomienda al Poder Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, retroactivo desde diciembre hasta la sanción de la ley, según la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período.

En la Casa Rosada, la reacción no se ha hecho esperar. Desde el entorno de Milei advierten que este proyecto podría poner en jaque las finanzas del Estado, demandando un desembolso no previsto que rondaría el 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a aproximadamente el 6% del Presupuesto actual. Ante esta amenaza, las autoridades nacionales buscan frenar el avance del proyecto y ponen en duda que se convoque a una sesión especial para tratar el tema. Sin embargo, en caso de que se apruebe, el presidente ha dejado claro que no dudará en vetar la norma si no se puede financiar.

Este posible veto no sería el primero en la gestión de Milei. Recientemente, el presidente utilizó su poder de veto para anular la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que había sido sancionada por el Congreso. El decreto con la anulación de esa suba, firmado el viernes pasado, se publicó el lunes en el Boletín Oficial. En el documento, el mandatario argumentó que la medida sancionada era "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente", ya que no contemplaba el impacto fiscal ni determinaba la fuente de financiamiento.

El proyecto de la UCR sobre financiamiento universitario enfrenta críticas similares. Desde el Gobierno señalan que la iniciativa no precisa de dónde se obtendrán los fondos para cubrir estos gastos adicionales, lo que aumenta las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso a tan solo 15 días de que el ministro de Economía, Luis Caputo, deba presentar las pautas de Gastos y Recursos para 2025, con el objetivo de alcanzar el "déficit fiscal cero".

Carlos Torrendell, secretario de Educación, expresó que, aunque se busca mejorar los sueldos de los docentes universitarios, las partidas presupuestarias deben basarse en recursos reales que ingresen al Estado. "Con las cuentas públicas en orden y una sana eficiencia administrativa, se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades", afirmó.

El debate sobre el financiamiento universitario se da en un clima de alta tensión. A fines de abril, la falta de recursos para las 36 universidades nacionales desencadenó una masiva marcha federal, que reunió a cerca de 800.000 personas en la Plaza de Mayo. Entre los manifestantes se encontraban figuras destacadas como Martín Lousteau y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, ambos referentes de la UCR.