Mientras organizaciones nucleada en Unidad Piquetera (UP) llevan adelante un acampe en el microcentro porteño por la baja de planes, el programa Potenciar Trabajo sumó una nueva polémica, pero esta vez de la mano de una denuncia de la Coalición Cívica -liderada por Elisa Carrió- contra el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig.

En la causa, que se acumuló en el Juzgado Federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, se denuncia la supuesta transferencia ilícita y directa de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 a las "arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas y/o cooperativas y/o asociaciones civiles y/o fundaciones y/o demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas y/o que integran dicho movimiento”.

Desde el partido político apuntan contra la agrupación -más cercana al presidente Alberto Fernández- y afirman que obtuvo "designaciones estratégicas" al frente de organismos públicos encargados de la asignación de recursos en el marco de programas y políticas sociales para “lograr desvirtuar la distribución de diferentes apoyos financieros desde dichos organismos a organizaciones que integran” el Movimiento Evita. 

“Los referidos funcionarios públicos no solamente asignan con amplia discrecionalidad los recursos estatales sino que representan los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros”, señala la denuncia a la que accedió Data Clave, en la que también se incluye a la directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, Milagros Moya, y Gildo Ezequiel Onorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.

Data Clave se comunicó con la organización social pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta y tampoco se pronunciaron en redes sociales.