El fiscal Carlos Stornelli giró este mediodía un dictamen al juez Ariel Lijo para que se abra la investigación contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la presunta privatización de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, con la imputación correspondiente y una serie de medidas. Lijo aceptó y diligenció una orden de presentación  en la sede del Ministerio de Salud porteño, donde se requirió  información y documentación sobre el plan de vacunación contra el coronavirus en la CABA.

Desde la Ciudad insistieron en que el procedimiento no fue "una orden de allanamiento" sino que una "una orden de presentación". En ese sentido, destacaron que "no se utilizó la fuerza pública sino que la información es brindada voluntariamente". "La medida se desarrolló en un clima de total normalidad, sin ningún contratiempo cumpliéndose con la manda requerida por el Juzgado oficiante", agregaron en el Gobierno porteño.

La causa avanzó tras presentación realizada ayer por la abogada Natalia Salvo, quien denunció penalmente a Rodríguez Larreta y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público (Art. 248).

La acusacion de Salvo indica que se habría firmado un convenio con instituciones privadas para ejecutar el plan de aplicación de vacuna contra el covid-19 en la Ciudad. "Lo que se supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deciden que las vacunas sean ´solo para socios", dice la denuncia.

“El Sr. Quiróz, por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”, dice la denuncia.

“Es decir, el GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, agrega el texto.

“Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que establece el criterio y son para los que están más expuestos y no puede haber convenios con prepagas y obras sociales porque así se está privatizando el acceso a la vacuna”, dijo la denunciante.